Sin consenso autonómico sobre las medidas educativas para la vuelta al cole

«Reanudar el curso escolar es más difícil que abrir un comercio», dice la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá. Tanto, que las comunidades autónomas no lograron ayer ponerse de acuerdo en la conferencia sectorial que celebraron en catorce aportaciones básicas y muy generales sobre cómo deben actuar las comunidades autónomas el próximo curso académico a nivel educativo, más allá de las recomendaciones sanitarias que también se trataron.

Madrid y País Vasco se descolgaron del acuerdo y Cataluña no se opuso, pero dejó claro que las medidas no debían implicar una obligación cumplimiento después de expresar su malestar por la filtración el día anterior del documento con las medidas sanitarias acordadas con el Ministerio de Sanidad para el comienzo de curso.

El documento de los catorce puntos pedía a las autonomías que la vuelta a las clases fuera presencial, que adaptasen las programaciones didácticas, que establecieran directrices para niños con dificultades, que dieran formación al profesorado sobre las medidas higiénico-sanitarias, que implementaran medidas para reducir la brecha tecnológica o que prepararan planes de contingencia para lo que pudiera venir en los sucesivo a poco más de dos meses de arrancar el nuevo curso académico. Cuestiones muy esenciales con las que ya muchas autonomías cuentan.

Entonces, ¿por qué se opone Madrid? «Por insuficiente». El consejero de Educación, Enrique Ossorio, cree que las pautas que ha dado la ministra no resuelven cuestiones básicas en el normal funcionamiento de los centros educativos ni los «gravísimos problemas» que plantean otras disposiciones como el Real Decreto 21/20 ni el documento de medidas sanitarias. Ossorio cree que una cifra de un máximo de 20 alumnos por aula «es letal» para la vuelta a las clases. Es la ratio máxima que se ha propuesto entre los menores, hasta 4º de Primaria, para que afronten el curso académico en «agrupaciones convivenciales flexibles».

Madrid cree que este concepto «puede ser acertado desde el punto de vista epidemiológico, pero no es compatible con la vida normal de un centro. Al que se le haya ocurrido esto no sabe cómo funciona un colegio». Madrid también quería que se diera flexibilidad a las autonomías para modificar la distancia interpersonal establecida en 1,5 metros. Pero sobre este asunto la ministra fue tajante: «si Madrid no sigue la distancia interpersonal de 1,5 metros estará incumpliendo la ley. No creo que esté en esa disposición». De hecho, «es la única medida obligatoria por ley».

Otras autonomías, como el País Vasco, hicieron valer sus competencias en el ámbito de la educación para llevar a cabo las medidas que considere oportunas y diseñar su propia vuelta al cole. El consejero catalán, Josep Bargalló, se sumó al acuerdo de las catorce medidas porque lo considera simplemente una orientación, pero ha dejado claro que nada de lo hablado ayer lo interpretará como algo reglamentario. Avisó de que, una vez que comience el curso escolar, las competencias en materia de sanidad recaerán en manos de la Generalitat.