«Pandemials» por favor, abstenerse de aplicar

En los años 30 del siglo pasado, los padres de Theodore Schultz decidieron sacarle del colegio con catorce años y ponerle a trabajar en su granja de Dakota del Sur. Schultz no se dio por vencido y con esfuerzo y talento acabó sus estudios de agricultura en una universidad local, de esas que no aparecen en los rankings, y doctorarse en economía agrícola. Quizá por eso y por la influencia de Esther, su mujer, durante muchos años maestra en el medio-oeste estadunidense, dedicó toda su vida profesional en la Universidad de Chicago a explicar la importancia del capital humano y cómo los jóvenes más educados se adaptaban mejor laboralmente al entorno cambiante de la postguerra. Su trabajo, por el que recibió el Nobel en economía en 1979, es todavía hoy clave para entender qué está pasando en el mundo educativo y en un mercado de trabajo donde la robotización y las tecnologías han creado, junto a la pandemia del COVID-19, un coctel realmente peligroso.

Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), a pesar de que todavía no reflejan la brutalidad descarnada de la crisis, vienen a demostrar que las teorías de Schultz son acertadas. Las personas con estudios superiores en España tienen más habilidades, y así lo reconoce el mercado laboral, que los que tienen menos estudios en nuestro mismo país. Comparando los datos del segundo trimestre de este año, frente a los de 2019, la tasa de paro de aquellos trabajadores con estudios superiores ha crecido sólo en 1,6% puntos porcentuales frente a los trabajadores con estudios de secundaria, que lo ha hecho en 4,3% puntos. Hay muchas razones para esta diferencia, pero sobre ella priman, como señaló Schultz, la capacidad de adaptarse a los nuevos entornos como es el teletrabajo, la automatización o la reinvención de los empleos.

Estos datos muestran la necesidad de preparar a los trabajadores para situaciones de inestabilidad y futuras crisis. La experiencia de la crisis financiera del 2008 y del Covid-19 muestran la necesidad inmediata de mejorar los sistemas educativos a todos los niveles, pero especialmente en educación superior. Nuestras estimaciones, realizadas con las investigadoras Teresa Ballestar (URJC-ESIC) y Aida García-Lázaro (IPR-Universidad de Bath), sobre la robotización de la empresa española durante la gran recesión muestran una creciente polarización de la sociedad a través de la formación: las empresas que se han robotizado, más productivas y rentables, tienen un 36,3% más de titulados superiores y un 10% más de contratos indefinidos.

Los trabajadores más educados tienen más capacidad para adaptarse a nuevos entornos, lo que repercute en la desigualdad de ingresos y la calidad del empleo; a mayor educación más facilidad de acomodarse a nuevos entornos, por lo que los salarios no se verán tan afectados y la ocupación será mejor. El impacto no sólo es puntual, sino que afecta y se exacerbará a lo largo del tiempo y, como demuestran todas las investigaciones, tiene consecuencias en la equidad educativa y de renta actual e intergeneracional. En 2007 los ingresos laborales de los que tienen Máster o licenciatura eran un 62% más elevados que los que sólo tenían Bachillerato o FP media finalizada, mientras que en 2017 (últimos datos conocidos) es ya del 81% más alto. La situación es grave. Sin intervenciones educativas en los niveles no universitarios se va a producir en España un incremento de ese diferencial entre los grupos sociales que van a compensar la educación de sus hijos por la pandemia y los que no. Estas diferencias se van a trasladar también al ámbito universitario. De hecho, Cuerdo, Grau y Sainz demuestran en artículo recientemente publicado en el International Review of Economic Policy que durante la crisis financiera de 2008 las universidades españolas presentaban ya diferencias sensibles de empleabilidad. Es decir, hay universidades de primera y de segunda según el tipo de estudios que se desee cursar. Esto permite a aquellos con más información, personas con más renta o educación, elegir lo mejor para sus hijos perpetuando y agrandando la brecha salarial y educativa.

El hecho de que este año el acceso a la universidad (EBAU) haya sido también menos selectivo, con un número mayor de aprobados, va a perjudicar también a las rentas más bajas que se han esforzado más. Los alumnos que en casa disponen de menor acceso a la tecnología, a libros u otros apoyos, tienen más difícil competir. Con un sistema universitario que todavía no ha visto un euro de los 400 millones prometidos, las universidades difícilmente van a poder compensar las diferencias de aprendizaje que van a surgir.

El COVID-19 ya ha impactado a una generación de estudiantes. Una interrupción que ha sido mucho mayor para los estudiantes de familias desfavorecidas porque tienen mayor probabilidad de haberse visto afectados económicamente por la crisis. De hecho, los primeros análisis en EE UU ya muestran que los estudiantes de bajos ingresos tienen un 50% más de probabilidades de retrasar el acceso a la universidad. Y como saben ustedes, no hay plan B, Castell dixit: las universidades que ya han iniciado sus clases no paran de contar nuevos contagios y poco más pueden hacer. Los alumnos de primero, que acaban de iniciar su singladura universitaria nos miran a los profesores con una mezcla de incredulidad y súplica. Tienen miedo de que el esfuerzo que van a suponer para ellos y sus familias estos 4 años recupere una vieja tradición de nuestro mercado laboral, excluir a los menos formados. Tienen pánico a que en las ofertas de trabajo de dentro cuatro años aparezca un temido «pandemials, por favor, abstenerse de aplicar».