PSOE vota junto a Podemos y ERC en el Congreso que el castellano deje de ser vehicular en la educación

La concertada se echa a la calle para protestar por una ley que la asfixia

Catalanes y vascos han logrado una de sus demandas históricas en el mundo educativo: conseguir el beneplácito del Estado para que sus lenguas sean las que se utilicen en la enseñanza de forma prioritaria. Lo han conseguido después de que la Ponencia de la Ley de Educación que debate el proyecto de la «Ley Celaá» aprobara hoyr que el castellano deje de ser vehicular en la educación en aquellas comunidades con lengua propia por 26 votos a favor, 16 en contra (PP, CS, Vox y UPN) y la abstención del PNV. En la práctica, supone la confirmación legal de lo que ya estaba ocurriendo en Cataluña, donde no se cumple la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo que marca que el 25% de la educación se imparta en castellano (dos asignaturas, una de ellas troncales). Eso ha llevado a muchos padres a tener que acudir a los tribunales para que se cumpla ese mínimo legal.

Con el cambio aprobado, el castellano o la lengua cooficial podrán usarse en función de lo que digan los estatutos de autonomía. Y en Cataluña, la ley de educación autonómica dice que la lengua vehicular de la enseñanza es el catalán, no el castellano.

El PSOE cree que el cambio legal que ha pactado con Podemos y ERC «garantizará el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano», dice su portavoz en Educación, Luz Martínez Seijo. Y también hace hincapié en que las administraciones educativas «aplicarán instrumentos de modo que se garanticen que los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana y las cooficiales en el grado requerido». La enmienda aprobada prevé que los centros impulsen medidas para compensar las carencias que pueden existir en cualquiera de las lenguas.

Sin embargo, se excluye la parte contemplada en el proyecto inicial que llevó Celaá a la Cámara y que exponía que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares de acuerdo con la conformidad de la Constitución y los Estatutos de Autonomía». Es justo éste punto de la enmienda el que ha levantado una enorme polémica hasta el punto de que tanto PP como Cs y Vox han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional por eliminar al castellano como lengua vehicular en contra de lo que marca la Constitución española y de cinco sentencias que lo avalan. Algunos han querido ver incluso en esta cesión del PSOE una «trampa» de los socialistas para que los nacionalistas den su apoyo al Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado.

Protesta de la concertada

Mientras, la concertada se echaba ayer a la calle para protestar a las puertas del Congreso, y luego en las redes sociales, contra una ley que consideran que trata de asfixiarla y condenarla a la desaparición. El PP, ayer se unió a la protesta. «Es una ley que supone ataques innumerables a la libertad de enseñanza y la libertad de elección de las familias», manifestó Jesús Muñoz de Priego, portavoz de «Más Plurales», la plataforma que une a toda la concertada para hacer un frente común contra el «ataque» que consideran que supone la «ley Celaá». «En la concentración hemos expresado nuestro rechazo a una ley que se está tramitando de una manera exprés sin tener en cuenta a la comunidad educativa, necesitamos una ley de consenso, pero lo que está haciendo es dividir y no escuchar al sector», aseguró Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la confederación de padres Cofapa.

Y es que la Lomloe, a su paso por el Congreso, ha radicalizado el proyecto inicial que remitió el Gobierno en su afán por implantar un modelo único de educación: la pública, y en hacer cesiones a las autonomías. Estos son las principales cambios:

Educación infantil

Se incrementa la oferta de plazas públicas en la etapa de cero a tres para generalizar la escolarización de estos niños de manera que luego puedan continuar en la enseñanza pública en niveles superiores. Se prevé un plazo de ocho años para llegar a la generalización esa oferta de las plazas publicas.La concertada entiende el cambio como una forma de cortar a las familias con menos recursos su acceso a la educación concertada.

Plazas públicas

Una de las enmiendas introducidas (109), sobre programación de puestos escolares, establece que la Administración decide qué aulas se abren o se cierra en la pública y la concertada. Se señala que, para garantizar el derecho de todos los alumnos a la educación, «se ofertará un número suficiente de plazas públicas», especialmente en las zonas de nueva creación, con un progresivo incremento. «Lo que se está haciendo es dejar sentado un nuevo derecho, el de la educación pública, de tal manera que si los ocho millones de niños españoles quisieran ir a un colegio público tendrían que tener una plaza en lugar de en un centro concertado», interpreta Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas.

Admisión de alumnos

El proceso ahora va a quedar en manos de lo que se llamaba «comisión de escolarización» que va a distribuir al alumnado según considere para evitar guetos. «Esto es hacer ingeniería social para que todos los colegios tengan el mismo número de inmigrantes...», dice Centeno.

Colegios diferenciados

Una enmienda aprobada ayer impulsada por Podemos, se retira el concierto a los colegios que educan a niños y niñas en aulas separadas, un modelo con el que El Gobierno no se identifica, aunque el TC dijo en 2018 que no causa discriminación .

Cesiones a las autonomías

Las autonomías y el centro educativo fijarán el 50% del currículo y reduce un 5% los contenidos que marca el Gobierno.