14.763 policías nacionales y guardias civiles menos desde 2012

Esta situación provoca que se haya reducido un tercio la capacidad operativa de los agentes.

Son las fuerzas mejor valoradas por los ciudadanos según los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, ya que ambos cuerpos realizan servicios a diario que redundan en una mayor seguridad en beneficio de la sociedad y del orden constitucional, tienen cada año menos efectivos para desempeñar sus funciones, asumen mayores competencias que el resto de las policías autonómicas, pero a pesar de estos indicadores que corren a su favor, en sus nóminas no se refleja la recompensa.

Ante desafíos vitales a los que hacen frente como la defensa de la sociedad ante las amenazas de atentados, la lucha contra la criminalidad o la seguridad ciudadana, la plantilla de los dos grandes cuerpos del Estado se encuentra bajo mínimos. Desde el año 2012 el Gobierno ha reducido la plantilla de personal de manera considerable, concretamente la de la Policía Nacional en un 9,9 por ciento y los efectivos de la Benemérita en un 6,4%, según destaca un informe elaborado por los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP, SPP y ASP.

En el año 2012, los ciudadanos contábamos con el respaldo de 155.125 efectivos entre los dos cuerpos, sin embargo a día de hoy la cifra exacta suma 141.362 agentes. (77.109 de la Policía Nacional y 63.489 de la Guardia Civil), es decir, un total de 14.763 efectivos menos en tan sólo cinco años. En la actualidad hay 7.170 plazas de policía sin cubrir. En el caso del Instituto Armado, las vacantes sin agentes son 5.265. Estas cifras, sin embargo no se corresponden con los datos que maneja Interior. Según han asegurado a este periódico fuentes del ministerio, desde el año 2012 la reducción de plantilla entre los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil suman un total de 9.987 y no 14.763 efectivos como sostienen los sindicatos. El desglose de esta cifra corresponde a un total de 6.292 policías nacionales menos y 3.695 agentes de la Benemérita.

Esta merma de efectivos fue justificada el pasado año por el Gobierno, el cual a raíz de una pregunta en la Cámara Baja del secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, aseguró que esta situación se produce debido a las limitaciones que establece la tasa de reposición para ofertas públicas de empleo y que permite cubrir las jubilaciones. Según denunció Heredia, «no se han repuesto las plantillas, no se invierte en equipación, ni en vehículos, ni en la reforma de cuarteles y comisarías».

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario proporcionados por el sindicato CEP, en Unidad de Acción preocupa la evolución de las plantillas de la Policía Nacional en las legislaturas XI y XII, de hecho –señalan– siete jefaturas superiores perdieron en este periodo más de la quinta parte de sus recursos humanos. Esta baja, alegan, está directamente relacionada «con la capacidad de prevención de la delincuencia y auxilio», es decir, «con los parámetros que contribuyen a reforzar la sensación subjetiva de seguridad en la ciudadanía».

En concreto, la Policía Nacional ha perdido 8.179 efectivos desde diciembre de 2011 a enero de 2017. El caso más llamativo es el de Andalucía, donde sus comisarías han perdido 2.327 efectivos nacionales, seguido de Comunidad Valenciana que dispone de 1.283 agentes menos, y la Comunidad de Madrid que ha decaído en 860 policías. Según estos datos, la comunidad que menos agentes ha despedido es La Rioja, que sólo cede 71, y Melilla, 83 funcionarios. Estas bajas suponen una reducción de «un tercio de la capacidad operativa».

El sindicato también hace hincapié en la problemática con la reducción de ofertas de empleo público, ya que en 2012-2016 se ofertaron 4.821 plazas, y entre 2011-2014 las plazas de ingreso sumaron sólo 547. A la luz que arrojan estos datos, el sindicato CEP insiste en que una oferta de empleo igual al 100% de la tasa de reposición ya no es suficiente, y que la mejor estrategia sería alcanzar en las diferentes ofertas de empleo público una tasa de reposición de al menos el 150% en los dos próximos años, manteniendo un compromiso del 120% durante los próximos cinco años con el fin de garantizar el mandato constitucional de la Policía Nacional.