Un miembro de Vox, exjefe del Ejército, pide a “los poderes del Estado” impedir la investidura de Sánchez si pacta con ERC

“Pedro Sánchez, un problema para la seguridad nacional”, así aparece titulado el artículo que el general Fulgencio Coll, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra entre 2008 y 2012 y actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, publicó en el pasado miércoles en la edición de El Mundo de Baleares. En dicho artículo, el general ha pedido a “los poderes del Estado” que “impidan la investidura como presidente del Gobierno de Sánchez" si pacta con ERC.

Coll asegura que “estamos ante un problema de seguridad nacional” porque “el comportamiento de Sánchez no es legítimo, ni se puede consentir de un presidente de Gobierno”, debido a las negociaciones que el PSOE y ERC están manteniendo para facilitar la investidura del líder socialista. Según él, “el Señor Sánchez busca una satisfacción personal sin reparar que el daño institucional es evidente, pues va a negociar una reforma del Estado, contenido y alcance desconocidos, con una minoritaria representación para quebrar el orden constitucional”.

“España está políticamente enferma desde hace años. La llegada al Gobierno de Rodríguez Zapatero, tras el 11-M de 2004, marcó la involución del ambiente de concordia que había significado la Transición”. Apela que “un paupérrimo liderazgo político promovieron una dejadez de funciones en las instituciones constitucionales para cumplir o hacer cumplir la constitución”. Además, asegura que los poderes del Estado también deben “proceder a constatar si la conducta del candidato incurre en responsabilidad criminal”.

El exjefe del Estado Mayor acusa a Sánchez de confundir “una situación de insurgencia organizada con una “alteración del orden público”, así como que pone “en peligro a los miembros de la seguridad del Estado para no caer en riesgos políticos", que considera “opcional su promesa de defender la Constitución” y que cae en la "utilización de medios y actos de Estado como propaganda electoral”. “Todo este puede constituir actos contra la seguridad del Estado”, concluye.