La Sanidad pública financiará la eutanasia incluso en clínicas privadas

El Gobierno de coalición PSOE-Podemos quiere acelerar al máximo la aprobación en el Congreso de la regulación de la eutanasia, uno de los derechos que ambos partidos se comprometieron a impulsar en su acuerdo de gobernabilidad firmado tras las elecciones del 10-N. Los socialistas presentaron el viernes una proposición de ley en la Cámara Baja que pretende respetar la voluntad de poner fin a la vida «de quien está en una situación de enfermedad grave e incurable, o de una enfermedad grave, crónica e invalidante, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado».

El texto legal, que comenzará de inmediato su tramitación parlamentaria, es consecuencia del acuerdo de gobernabilidad alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos tras las últimas elecciones, y cuyo punto 5° se compromete a la «aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas, como el derecho a una muerte digna y la eutanasia».

La proposición de ley busca garantizar a todos los ciudadanos el acceso, en condiciones de igualdad, a la prestación de ayuda para morir, «incluyéndola en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y garantizando así su financiación pública, pero garantizando también su prestación en centros privados o, incluso, en el domicilio de la persona solicitante».

Los socialistas argumentan que la eutanasia conecta con un derecho constitucionalmente protegido, como es el derecho a la vida, pero también con otros igualmente amparados por la Carta Magna, como son la integridad física y moral de la persona, la dignidad humana, el valor superior de la libertad, la libertad ideológica y de conciencia o el derecho a la intimidad. «Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad e integridad, el bien de la vida puede decaer (...), toda vez que no existe un deber constitucional de imponer la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida».

El pasado diciembre se conoció el resultado de una encuesta encargada por el Colegio de Médicos de Madrid para conocer de primera mano qué piensan los médicos y el resto del personal sanitario sobre la eutanasia. Nueve de cada 10 se mostraron a favor de regularizar su práctica, aunque el 37% aseguró que se acogería a la objeción de conciencia, un derecho que también está recogido en la proposición de ley socialista. Por lo demás, el apoyo social a la eutanasia en España es muy elevado, y prácticamente todas las encuestas coinciden en arrojar un índice de aprobación que se mueve en una horquilla de entre el 75% y el 85% de la población adulta.

Este es el tercer intento de regular la eutanasia en menos de dos años. Pero si bien los dos primeros fracasaron por el bloqueo del PP y Ciudadanos, en el primer caso, y por la convocatoria de elecciones generales, en el segundo, en esta ocasión la proposición de ley cuenta, a priori, con una mayoría parlamentaria suficiente, ya que los únicos partidos que rechazan frontalmente la legalización de la eutanasia son el PP y Vox.

La eutanasia sigue siendo hoy en España un delito castigado con penas de prisión de entre cuatro y ocho años para quien induzca al suicidio a otra persona, y de entre dos y cinco años para quien «coopere con actos necesarios» en la muerte de una persona, proporcionándole la sustancia o medicamento necesarios para poner fin a su vida. Pero la proposición de ley que ahora arranca su andadura parlamentaria modifica, precisamente, el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal, cuya nueva redacción reza así: «No será punible la conducta del médico que, con actos necesarios, causare o cooperare en la muerte de otra persona cuando ésta sufra una enfermedad grave, incurable (...) e invalidante».

La proposición de ley crea dos figuras: la del «médico responsable» y la del «médico consultor». El primero tiene a su cargo coordinar la asistencia sanitaria del paciente que ha expresado su voluntad de morir dignamente, y es el interlocutor principal del enfermo. El segundo debe tener una formación específica en las patologías que padece el paciente, y su diagnóstico es también vinculante e imprescindible.

Además, en cada comunidad autónoma habrá una Comisión de Control y Evaluación que autorizará o denegará la prestación de la ayuda para morir, que se llevará a cabo «en centros sanitarios públicos, privados o concertados, sin que la calidad asistencial de la prestación pueda resultar menoscabada por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria».