Miguel Bernard: “Vivo de mi pensión, de la que 650 euros son para Picardo”

Hoy comienza en la Audiencia Nacional el juicio por el conocido como «caso Ausbanc», relacionado con una supuesta red de extorsión a empresas y bancos a cambio de publicidad, retirar o iniciar procedimientos penales. Para el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, la Fiscalía solicita penas que alcanzan los 119 años de prisión, mientras que para el dirigente del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, reclama 24 años y 10 meses. Para la abogada de este colectivo, Virginia López Negrete, la acusación pública solicita 12 años de prisión. La vista arrancará hoy con las cuestiones previas, donde Manos Limpias reclamará que se decrete la nulidad de todo el procedimiento. Si esa petición es rechazada, Bernard no contestará a las preguntas de las acusaciones ejercidas por Podemos y Diego Torres, el ex socio de Iñaki Urdangarín en el «caso Nóos», donde Manos Limpias ejerció la acción popular y llegó a pedir incluso la condena de la Infanta Cristina.

Miguel Bernad aseguraba ayer a LA RAZÓN que llegaba al juicio «total y absolutamente tranquilo, porque el juicio mediático, donde ya fui condenado, ya pasó y ahora empieza el de verdad, el válido, con un tribunal en el que confío plenamente y me merece todas las garantías».

Por ello, expresó su convencimiento de que será absuelto y que Manos Limpias continuará adelante. De hecho, aseguró que ya han iniciado algunos procedimientos judiciales.

Sin embargo, durante todos estos años desde que saltó el escándalo y fue detenido, en abril de 2016, su actividad ha sido muchísimo menor. Los ingresos del sindicato que dirige han menguado notablemente y Bernard reconoce que vive gracias a la pensión máxima que recibe del Ayuntamiento tras haber cotizado durante más de 40 años. Sin embargo, de esa cantidad se le retrae mensualmente 650 euros por la sentencia que dictó el Tribunal Supremo de Gibraltar en la que le condenaba a indemnizar al primer ministro, Fabián Picardo.

De su paso por prisión, donde estuvo desde abril a diciembre de 2016, se queda con un aspecto positivo y otro negativo. En el lado positivo, el que salió de la cárcel «mucho más humano y con la satisfacción de haber ayudado a muchos presos que no tenían posibilidad de tener abogado y les ayudaba a realizar sus peticiones de permisos y demás». Y, en el lado negativo, el convencimiento de que «no se sale rehabilitado de la cárcel».

En el juicio, que se aplazará hasta el día 5 de febrero, se sentarán en el banquillo un total de 11 adecuados de intervenir, en mayor o menor medida, en esa presunta trama de extorsión.

La Fiscalía sitúa a Luis Pineda, ex presidente de Ausbanc, en la cabeza de ese supuesto entramado y a quien imputa los delitos de pertenencia a organización criminal en grado de dirigente, extorsión, estafa, blanqueo y delito fiscal. El Ministerio Público considera que fue quien lideró, supuestamente, una red de extorsión a entidades financieras y empresas, que a partir de 2013 se habría servido para sus fines del sindicato Manos Limpias, para cuyo ex secretario general, Miguel Bernad, pide una condena de casi 25 años de cárcel.

Entre la veintena de presumibles chantajes que relata en su escrito de acusación el teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, se incluye el intento de «negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina» en el «caso Nóos» a cambio de tres millones de euros que Pineda reclamó a los abogados de la hermana del Rey en marzo de 2016. Para la abogada del sindicato en este procedimiento, Virginia López Negrete, el representante del Ministerio Público solicita una pena de doce años de prisión al considerar que era «conocedora» de dicha estrategia y que «seguía las instrucciones» que le daba Bernad y «enviaba la información que obtenía del caso» al entonces presidente de Ausbanc.

Pineda, recuerda el fiscal, constituyó en 1986 Ausbanc como una asociación sin ánimo de lucro en defensa de los consumidores, pero «en realidad» tenía la intención de utilizarla para «lograr un enriquecimiento ilícito». Aprovechando la existencia de procedimientos judiciales que en ocasiones eran iniciados por la propia asociación «con la excusa de la defensa de los consumidores y usuarios», Pineda negociaba –según el relato de la acusación pública– con las entidades demandadas acuerdos «a cambio de sustanciosas cantidades» para evitar campañas de desprestigio o el ejercicio de acciones legales en su contra.

Y en el caso de que esas querellas se llegasen a presentar «conseguía llegar a algún tipo de acuerdo económico para rebajar pretensiones o incluso archivar el procedimiento judicial, lo que llevaba a cabo aunque tal decisión conllevara un perjuicio» para sus asociados.