La pandemia que diluyó la coalición

Si está claro que el país que salga de esta epidemia sanitaria ya no será el mismo de antes, tampoco hay dudas de que la coalición en el Gobierno también verá trastocada su esencia misma, sus prioridades y su hoja de ruta para hacer frente a la crisis social y económica que se avecina. El «shock» en el que se sumió la semana pasada Moncloa alteró de golpe los equilibrios que, con más o menos sintonía, los socios de la coalición venían manteniendo desde que fue alumbrada en enero. Desde ese minuto cero en la declaración del estado de alarma, Sánchez puso todo la capacidad de decisión en manos de ministros socialistas, los titulares de las carteras de Sanidad, Salvador Illa; Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Transportes, José Luis Ábalos. Se articulaba así un mando único, el del presidente del Gobierno, con estos cuatro ministerios conformando un segundo escalón bajo la figura de «autoridades competentes delegadas». Los cinco miembros de Unidas Podemos en el gabinete quedaban fuera.

La prueba más evidente de la tensión entre los socios se concretó el pasado sábado durante la reunión del Consejo de Ministros que debía dar forma al decreto de declaración del estado de alarma. Las diferencias en torno a si el decreto debía, desde ese mismo día, ir acompañado de medidas sociales y económicas para los afectados por esta crisis y la magnitud de las mismas propiciaron una circunstancia inédita: la de los continuos aplazamientos de la comparecencia en la que Sánchez debía explicar lo aprobado. «Vamos a seguir trabajando para que se aprueben también, cuanto antes, nuevas medidas sociales para apoyar a las familias y a la gente trabajadora ante esta situación. Ninguna persona debe quedar desprotegida como ocurrió en 2008», aseguraba Iglesias tras el largo y agitado Consejo de Ministros, dejando entrever su malestar por el hecho de que esas medidas no hubieran sido aprobadas desde el primer momento.

Un día después, Sánchez se reunía telemáticamente con el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, para conocer las medidas que, a juicio del grupo morado, debían ser incorporadas al plan de choque que aprobó el Gobierno 24 horas después. Un encuentro poco habitual si tenemos en cuenta que no es el morado un partido de la oposición, y que Sánchez ya conocía las prioridades de Iglesias de cara al plan de choque de Moncloa, rebautizado por los Unidas Podemos como el «escudo social» frente a la crisis. No se trata este hecho, el terminológico, de un asunto menor. No en vano, los de Iglesias han intensificado desde el martes su labor de difusión en las redes sociales para tratar de «vender» este «escudo social» como un éxito propio: «La gente somos un equipo, el equipo más grande. Y, como todos los grandes equipos, ahora tenemos un escudo». Apartados del núcleo duro del Gobierno en la toma de decisiones, Unidas Podemos se ha esforzado en estos días por tratar de situar en este plan de choque el elemento diferenciador de la acción del Gobierno respecto de la crisis económica de 2008.

Ayer, se produjo el último giro de guión en esta lucha de cuotas de poder que desde la semana pasada libran los socios de coalición. Iglesias compareció pasado el mediodía acompañado del ministro de Sanidad para volver a explicar las medidas incluidas en el «escudo social». Fue enumerando lo que él denominó como «pilar social» del plan de choque: «Dejamos atrás los dogmas de la austeridad. Emprendemos un camino diferente, hay una apuesta por afrontar la crisis protegiendo a los trabajadores y las familias». Illa sí concretó su decisión de delegar en el departamento de Iglesias la coordinación en el funcionamiento de los servicios sociales de todo el Estado, en cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos. Dentro de estas competencias, Iglesias anunció un plan dotado con 300 millones para medicalizar estos centros y proveer «servicios de protección individual para los profesionales» que trabajan en ellos y la puesta a disposición del Ministerio de Sanidad de 19.000 camas en más de mil edificios por toda España.

Preguntado por su opinión sobre la circunstancia de que Podemos apoyara la cacerolada contra el Rey del pasado miércoles, Iglesias reconoció que su posición es «conocida» y que respeta la libertad de expresión de quienes protestan dentro de los límites del estado de alarma.