No son 200.000 millones

La crisis económica generada por el coronavirus amenaza con ser una de las más profundas de los últimos cien años. El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, advirtió hace unos días que podría terminar siendo peor que la de 2008. Si, en términos promedios, cada semana nuestras sociedad produce alrededor del 2% del PIB anuales, parar absolutamente la economía durante dos meses tendría un coste superior al 16% del PIB. Si no se detuviera por completo sino que permaneciera a medio fuelle, la caída sería igualmente de un muy intenso 8% (más de lo que se hundió nuestro país conjuntamente en 2012 y 2013, años en los que estuvimos a punto de quebrar). De ahí que esa amenaza de primer nivel requiera de una respuesta a la altura. Pedro Sánchez compareció el pasado martes para prometer un desembolso de 200.000 millones de euros, algo así como el 16% del PIB español: la mayor movilización de recursos públicos de nuestra historia. O, al menos, eso fue lo que se nos dijo. La realidad, empero, es que el Gobierno no va a movilizar semejante importe de fondos. Desgranemos brevemente las cifras: 100.000 millones de euros son avales que el Estado otorgará a la deuda empresarial con el objetivo de que la banca opte por refinanciar tales pasivos. O dicho de otro modo, no se trata de una inyección de nuevo capital, sino de un aplazamiento de la deuda (pero esa deuda se va a tener que pagar igualmente más adelante). Otros 83.000 millones de euros son diferimientos en el cobro de determinadas facturas que el gobierno espera lograr de parte de los bancos (hipotecas) y de las grandes suministradoras (electricidad o gas). De nuevo, no se trata de condonar pagos, sino de posponerlos. Y, finalmente, los otros 17.000 millones de euros sí supondrán una transferencia neta de recursos al sector privado (a costa del endeudamiento del Estado). En esencia, prestaciones de desempleo que se otorgarán a aquellos trabajadores perjudicados por un ERTE o a los autónomos que cesen en su actividad. Por consiguiente, de los 200.000 millones que anunció Sánchez, en realidad sólo se van a inyectar (de momento) 17.000. Es verdad, y esto es un asunto que debería preocuparnos gravemente, que si las empresas cuya deuda es avalada terminan impagando sus obligaciones, entonces el Estado tendrá que desembolsar los montos comprometidos. Pero si llegara ese momento, es que la crisis habrá sido mucho más dañina y duradera de lo que esperamos, hasta el punto de que podría llegar a cuestionarse la solvencia misma de nuestro Estado. Por eso debería resultar imprescindible que, al mismo tiempo que se presenta este plan (discutible y criticable en muchos de sus aspectos), también se elabore otro de ajuste fiscal para cuando la crisis haya terminado. Necesitamos que la solvencia de nuestro Estado no se cuestione. En caso contrario, nos hundiríamos definitivamente en un pozo sin fondo.