¿Una Ley Orgánica que convalidaría el Congreso?

–¿Qué encaje legal necesitaría el hecho de alojar a los asintomáticos que den positivo en Covid-19 en hoteles?

–Algunos expertos en Derecho Constitucional consideran que podría cruzar la línea de lo que está en manos del poder Ejecutivo, por el hecho de que no está claro que se pueda establecer el confinamiento a personas sin que lo determine un juez. Sería complicado. Solo cabría la posibilidad en el caso de que dichas personas estén hospitalizadas o tuvieran dicha condición. Si no se diera ese caso, consideran incluso que tendría que ser una ley que lo reglara y no creen que fuera suficiente con un decreto ley y podría necesitar hacerse una ley orgánica, por lo que debería poner de acuerdo al resto del Congreso de los Diputados. En todo caso, no está muy claro el encaje normativo de la medida. Y es que algunos juristas cuestionan incluso si muchas de las cosas que se están llevando a cabo se puede hacer solo dentro del estado de alarma o se está sobrepasando y, por tanto, son medidas que ya entran dentro del estado de excepción y están en el límite. Existe discrepancia incluso sobre este asunto.

–¿Podría vulnerar los derechos de las personas esa medida?

–Podría vulnerar el derecho deambulatorio. Sin embargo, el Gobierno valora hacerlo como una cuestión voluntaria; lo que apuntan que es una medida que ya se estaría llevando a cabo con algunos pacientes con síntomas leves. Siendo así, destacan los juristas, «no habría problema». Para ello habría que hacer test a toda la población, un hecho que por logística ven bastante complicado sobre todo por el abastecimiento de las propias pruebas que ahora escasean.

Ese traslado obligatorio algunos lo ven menos factible, ya que en el ascenso de la curva de contagiados por el coronavirus nos encontramos en una situación de estado de alarma en la que a muchos de los pacientes leves se les ha decretado el aislamiento domiciliario y no se entendería que se les obligara a un confinamiento lejos de su domicilio si no quieren.

–¿Qué derecho prevalece: el de la salud o la libertad?

–Ambos son derechos fundamentales. La Ley Orgánica 3/1986 establece el marco jurídico de las medidas de carácter médico en relación con situaciones como la actual.

Por tanto, la delimitación de estas medidas, consideran algunos constitucionalistas, sería independiente del estado de alarma. –En el caso en el que nos encontramos está prevaleciendo el de la Salud–De esta manera, podría desarrollarse en el marco de las competencias ordinarias del gobierno y la administración, destaca Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Cardenal Cisneros.

–¿Qué dicen los artículos segundo y tercero de la Ley Orgánica 3/1986?

– Destacan que las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad. Por lo que algunos juristas estiman que dicho confinamiento sería consecuencia directa para aquellos positivos asintomáticos. Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de transmisión.

–¿Y cómo se tendría que ejecutar?

–Según Fernandes, salvo mejor opinión médica, considera que un positivo asintomático debería ser considerado enfermo y, por tanto, podría ser objeto de tratamiento y de las medidas de confinamiento oportunas.

–¿Qué protocolo tendría que llevarse a cabo?

–No está claro el desarrollo normativo, si se debería llevar una lista de contagiados y que ratificaran que acceden de manera voluntaria.