El PP se movilizará en la calle contra la ley de Educación

La «guerra educativa» vuelve a acelerarse a toda máquina. La Ley Celaá no ha superado aún su tramitación en las Cortes, falta su paso por el Senado, y en la sede nacional del PP están ya preparando la artillería legal y parlamentaria para «calentar» el boicot contra esta nueva norma. «Ataca a la concertada y a la educación especial, y destierra el castellano», dice el lema que encabezará todas las movilizaciones, también en la calle. El PP se sumará a todas las protestas que se convoquen. Vox prepara su propia artillería, pero, a diferencia del PP y de Ciudadanos (Cs), este partido no tiene gobiernos desde los que dar continuidad a su lucha. Sí los tiene el PP, y también Cs, y harán uso de ellos para confrontar con el modelo educativo que el Gobierno de coalición ha pactado con ERC y PNV. «La protesta social es legítima y la apoyaremos», sentencian en Génova.

De hecho, con el texto aun tramitándose, Génova ya ha redactado la moción que promoverá en todos sus Parlamentos autonómicos y ayuntamientos para que el PSOE, mejor dicho, los barones socialistas críticos con el «sanchismo», como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o el de Aragón, Javier Lambán. «se retraten». García Page no se anda con medias tintas en la defensa de las posiciones tradicionales del PSOE, y el Gobierno manchego ha dejado caer que no descarta recurrir la nueva ley al Tribunal Constitucional si considera que en su aplicación discrimina al castellano. Pero la acción de la mayoría de los Gobiernos autonómicos del PP no se hará esperar tanto. Tienen que dar tiempo, eso sí, a que se conozca cuál es la redacción definitiva, una vez que supere la votación del Senado. Ayer fue aprobada en el Congreso por la mínima, con solo un voto por encima de la mayoría absoluta.

Un Congreso totalmente dividido, como es tradicional cada vez que se activa una nueva modificación del modelo educativo. En esta ocasión, para sacar adelante su proyecto el PSOE ha usado los votos de Más País, Compromís, ERC, PNV y Nueva Canaria. Bildu, BNG, Teruel Existe y CUP se abstuvieron. PP, Vox, Cs, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y el PRC votaron en contra.

¿Qué pueden hacer los Gobiernos autonómicos del PP una vez que esté aprobada la ley? Sus técnicos en la materia están estudiando los márgenes que dejan las competencias exclusivas autonómicas para sortearla en varias cuestiones clave: concertada, especial, evaluación de los alumnos, selección del profesorado, mantener que la inspección siga a cargo de funcionarios y no de «comisarios políticos», y libertad de elección de centro. Génova intentará articular una estrategia nacional, pero cada Gobierno autonómico se reunirá con sus asociaciones educativas afines para tomar sus decisiones.

Pablo Casado tiene como modelo el de Esperanza Aguirre, y su «desacato» a la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en 2006 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Aguirre fue pionera en hacer evaluaciones externas en los centros educativos, las CDI (pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispensables).

Las disposiciones de la legislación nacional son de obligado cumplimiento, si no se quiere incurrir en prevaricación, pero «hay espacio», o así lo sostienen en las sedes autonómicas bajo gobierno del PP, en coalición con Cs. Por ejemplo, por la vía de hacer concesiones de suelo público a los colegios concertados mediante concurso público y pagando un canon. También en lo que afecta a la «selección del profesorado o a las evaluaciones a los alumnos». La nueva ley prevé que el título de bachillerato pueda obtenerse excepcionalmente con un suspenso si los profesores creen que han alcanzado los objetivos de la etapa, y disposiciones como ésta no podrán ser obviadas. En muchos casos, las decisiones autonómicas tendrán un valor más simbólico y testimonial, si no quieren colocarse fuera de la legalidad. La Ley Wert trató de endurecer los currículos educativos para incentivar el concepto de la meritocracia desde las escuelas. La Ley Celaá da un paso en sentido contrario y se podrá pasar de curso con dos asignaturas suspendidas y, como mucho, se podrá repetir en dos ocasiones en la educación obligatoria.

Como todavía faltan las enmiendas en el Senado, ni en Génova ni en los Gobiernos autonómicos quieren anticipar muchos detalles de su propia estrategia de «desacato legal» a la reforma legislativa, para evitar que la mayoría utilice la Cámara Alta «para ponerlo más difícil».

En cualquier caso, lo que se echa encima es una Legislatura muy conflictiva en el ámbito educativo, lo que aumentará el lastre que deja la pandemia de la Covid. La Ley Celaá es la octava ley educativa de la democracia (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) y responde a la necesidad del Gobierno de coalición de dar contenido a la parte más ideológica de su programa, una vez que la pandemia ha hecho saltar por los aires sus compromisos económicos.

PSOE y Podemos sólo tenían como camino para conseguir la mayoría absoluta alcanzar la alianza con los partidos nacionalistas e independentistas, y en esto se explican los cambios que se han introducido en el texto aprobado por el Consejo de Ministros.

El resultado es una ley más a la izquierda (más control de la concertada y potenciación de la pública) y una mayor descentralización, para atender la reivindicación independentista de apoyar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña por la vía de eliminar la mención del castellano como lengua vehicular.

Con estas cesiones el Gobierno de coalición se asegura poder decir que su proyecto ha salido adelante. Pero con el coste de que es una ley destinada a «morir» en cuanto cambie el color del Gobierno. Como ya ha ocurrido con el estado de alarma, en la «rebelión» educativa la Comunidad de Madrid, en coordinación con Génova, aspira a ser, de nuevo, la capitana de la estrategia de oposición.