Otra reforma educativa que acabará en los tribunales

PP, Cs y Vox recurrirán la ley y las comunidades autónomas de Madrid y Murcia también lo harán

¿Era necesaria otra ley educativa?

Es uno de los males endémicos de la educación. La falta de un pacto educativo en este ámbito aboca al gobierno de turno, dependiendo del signo político, a impulsar una nueva ley y a derogar la anterior. En España se han redactado hasta nueve leyes educativas, aunque una de ellas, la LOECE, nunca llegó a entrar en vigor y la LOCE no llegó a tener una aplicación efectiva. La Lomloe o «ley Celaá» en una reforma a partir de la LOE socialista de 2006. El PSOE ha sido autor de cinco leyes educativas en la historia de la Democracia, frente a dos del PP, aunque solo la «ley Wert» llegó a aplicarse. Pese a ser una ley sin consenso, ha estado vigente siete años. La actual ministra de Educación, Isabel Celaá, cree que su reforma es necesaria «para avanzar en enseñanzas más modernas e inclusivas».

¿Cuándo estará vigente la «Ley Celaá?

El Gobierno cree que la aprobación definitiva de la ley se hará en febrero próximo por el Congreso de los Diputados y podría estar en vigor en el curso académico 2021/22. Una vez aprobado el dictamen de la Ponencia de la Comisión de Educación, la norma irá al Senado, donde aún podrá incorporar modificaciones.

¿Puede acabar en los tribunales?

PP, Cs y Vox, además de algunas comunidades autónomas, como Murcia y Madrid, ya han anunciado que acudirán a los tribunales de Justicia contra una ley que consideran que vulnera la Constitución. Creen que eliminar el castellano como lengua vehicular y la libertad de elección de las familias va en contra de principios fundamentales recogidos en la Carta Magna.

¿Por qué se ha eliminado el castellano como lengua vehicular?

El proyecto de ley atiende una demanda histórica de los nacionalistas: conseguir el beneplácito del Estado para que las lenguas cooficiales sean las que se utilicen de forma prioritaria en la educación. El castellano deja de ser vehicular en aquellas comunidades con lengua propia que, en la práctica, supone una confirmación legal de lo que ocurre en Cataluña, donde no se cumple la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que el 25% de las enseñanzas se impartan en castellano (dos asignaturas). El PSOE ha pactado el cambio con Podemos y ERC. Los grupos de la oposición lo han interpretado como una cesión del Gobierno a los nacionalistas para conseguir su apoyo a los Presupuestos. Además, la asignatura de Lengua Cooficial será renombrada como de Lengua Propia y Literatura. La Alta Inspección del Estado pierde sus funciones a la hora de inspeccionar el cumplimiento del uso de las lenguas. Sin embargo, el PSOE asegura que lo de acabar con el español en la educación «es un relato ficticio» y que el castellano «está triplemente garantizado» en la Lomloe.

¿Alguna vez la concertada se ha sentido tan amenazada?

No. Nunca hasta ahora se había producido una movilización tan grande de la enseñanza concertada que ha unido a patronal, sindicatos y padres, agrupados en la plataforma «Más Plurales, Más libres Más iguales». La ley elimina la «demanda social». Es decir, los centros concertados, donde estudian uno de cada cuatro niños, no podrán ampliar sus plazas aunque reciban más demanda si hay espacio para escolarizar a los alumnos en centros públicos. La Administración decide qué aulas se abren y se cierran y la educación se garantiza ofreciendo plazas públicas en los centros de nueva creación. El proceso de admisión de alumnos queda ahora en manos de una «comité de escolarización» para distribuir al alumnado según considere, pero evitando guetos, y no se podrá ofrecer suelo público para colegios concertados. Por otra parte, los colegios que educan a niños y niñas en aulas separadas no recibirán conciertos. Los partidos de izquierda consideran que es un modelo segregador, aunque el TC en 2018 dijo que no.

¿Qué va a pasar con la educación especial?

El Gobierno apuesta por un modelo integrador de tal manera que niños con discapacidades puedan ser escolarizados en centros ordinarios. La oposición cree que lo que se pretende es provocar una muerte lenta de estos colegios hasta que se vayan vaciando poco a poco para que cuando no tengan alumnos se vean obligados a cerrar. El Gobierno insiste en que los centros de educación especial no van a desaparecer.

¿Por qué pierde peso la Religión?

La Religión siempre ha sido una asignatura de oferta obligaría con todas las reformas educativas, pero con las socialistas no ha contado para hacer media. Con esta ley tampoco tendrá asignatura alternativa (materia espejo) como ocurre ahora, de tal manera que el alumno que no escoge Religión tiene que estudiar Valores. Con esta norma se introducen conocimientos aconfesionales como Cultura de las Religiones, una demanda de ERC.

¿Puede haber una nueva «Educación para la Ciudadanía»?

Es el temor de los grupos de la oposición con la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, que introduce la nueva ley. Por ahora se sabe que los alumnos aprenderán la Constitución española y tendrán que aprender «Memoria Democrática». Incluso aprenderán el papel social de los impuestos y la justicia social. También se formarán en «empatía hacia los animales», una aportación de nacionalistas y Más País.

¿Qué otros cambios introduce?

El Estado pierde peso a la hora de determinar el currículo básico. Pasa de fijar el 55% al 50% en autonomías con lengua propia. La repetición será muy excepcional y se podrá obtener el título de Bachillerato con un suspenso. Además, se incluye la formación afectivo sexual en todas las etapas educativas. Se universaliza la educación gratuita en la etapa de cero a tres años y la educación pública se erige como la vertebradora del sistema.