Vox amplía la querella contra Marlaska por “posible encubrimiento” en las detenciones vinculadas a Podemos

Considera que la ocultación de los datos parece la “connivencia” para perjudicar a Rocío Monasterio y “favorecer otras opciones políticas”

Acto del pasado 7 de abril en Vallecas donde violentos agredieron a simpatizantes de Vox
Acto del pasado 7 de abril en Vallecas donde violentos agredieron a simpatizantes de VoxRUBEN MONDELORUBEN MONDELO

Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito por el que se amplía la querella que presentó el pasado 15 de abril tras los altercados violentos que se produjeron en el acto que celebró el partido en la Plaza Roja de Vallecas el pasado 7 de abril.

Amplían dicha denuncia tras conocerse que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska conocía, al menos desde el 15 de abril, la investigación realizada sobre el acto de Vox en Vallecas, donde aparecían inculpados y detenidos al menos dos personas estrechamente vinculadas con Pablo Iglesias y Podemos. Sin embargo; Interior no comunicó nada al respecto. Es por ello que el departamento jurídico del partido ha presentado dicha ampliación por presunto delito de “infidelidad en la custodia de documentos”, contemplado en el artículo 413 del Código Penal y “posible encubrimiento”, recogido en el artículo 415.

Según destaca el escrito de la vicesecretaria nacional jurídica de Vox, el ministro Marlaska “tiene una posición de garante respecto a la documentación y a la investigación y le alcanza la responsabilidad como autoridad”.

Además, Vox indica que la “ocultación” de estos datos “parece la connivencia para perjudicar a la candidata” a la comunidad de Madrid, Rocío Monasterio y por contra “favorecer a otras opciones políticas”. Por ello el partido que lidera Abascal solicita que se considere, además, desde la perspectiva del delito electoral, que hace que tenga aplicación el artículo 139.1. 7º de la LOREG.

Desde Vox destacan que, si la noticia del conocimiento de Marlaska no hubiera sido publicada, hasta cuándo estaría pendiente esta comunicación y, en todo caso, la remisión del atestado a la sede judicial correspondiente, algo que, destacan, “deberá ser investigado a la vista de la gravedad de los hechos” con evidente trascendencia en el periodo electoral y “que motiva que deba ser contemplado el delito electoral”, destacan.