La presidenta del Consejo de Estado recuerda que “no tienen competencia” en los indultos

La presidenta del Consejo de Estado, Teresa Fernández de la Vega ha presentado junto al consejero Fernando Ledesma el informe anual de 2020 donde detallaron algunas de las actuaciones que la Institución despachó; un total de  790 expedientes y 689 dictámenes fueron emitidos. Entre los temas, destacó, no solo tienen un interés técnico y de la dogmática jurídica, sino que se determina sobre asuntos que están en la agenda política como mercado gasístico o eléctrico o temas derivados de la pandemia, entre otros.

La presidenta del Consejo de Estado ha indicado que la labor de la Institución ha estado “condicionada pero no limitada ni reducida” por las circunstancias de las últimos meses. “Ha pasado más de un año y creo que el Consejo de Estado podemos estar satisfechos”. De hecho durante estos últimos meses se han celebrado 48 sesiones de la Comisión Permanente, que supone cinco más que en 2019 y seis más que en 2018. “Quiero seguir destacando la inteligencia colectiva que se da cita en esta Institución que es fruto del debate jurídico y técnico, que es marca de esta casa y que se ha visto o, que es un marca se ha visto reforzado por el recursos de las nuevas tecnologías”.

Entre los principales temas de los que versaron los dictámenes destacan los relacionados con el Proyecto de Ley Sobre Modificación General de la Ley Tributaria, la Ley sobre Cambio Climático, el Proyecto de Ley sobre Fraude Fiscal , sobre modernización de la Administración Pública o el Plan de Resiliencia, entre otros.

En medio de la polémica sobre la cada vez más probable posibilidad de que el Gobierno indulte a los condenados por el “procés”, Teresa Fernández de La Vega se ha referido a esta cuestión y ha recordado que la Institución carece de competencia. “La verdad es que no tengo por costumbre y por principio opinar en asuntos que no incumbe al Consejo de Estado que no tiene competencia. La ley de indulto data de 1870 y se modificó en 1988 donde se suprimió al Consejo de Estado en el Tribunal”.

También se han referido a las polémicas que este año han sacudido al Consejo de Estado en temas como los fondos europeos cuyo dictamen no se hizo público antes de la votación del Real Decreto en el Congreso de los Diputados. Ha explicado que la publicidad del contenido depende de la autoridad consultante que tiene que publicarlo en el BOE para que la institución lo haga público. “A pesar de que no era vinculante, el Gobierno refrendó todas las observaciones que le hicimos al decreto de los fondos. El 98% todas las observaciones esenciales se incorporaron al texto final y la estructura de control para gestionar los fondos es adecuada que habrá que ir reformando con el tiempo”, ha sentenciado.

Además, en relación a la transparencia y publicidad de sus dictámenes, insistió en que es un “tema controvertido y difícil”. En este sentido, recordó que “hay que respetar los ámbitos de la AAPP y su papel. El Consejo de Estado es consultiva y el Ejecutivo es el que tiene iniciativa Asesoramos a nuestro cliente que es el Gobierno y tiene prioridad. Es lógico que no se publicidad”, subrayó. “El sistema y el papel institucional está funcionando”, repitió, en referencia a las polémicas.

Memoria 2020

En cuanto a la Memoria de Anual 2020 entraron 839 consultas, de las que 95 con urgencia, que deben ser despachadas en menos de 15 días. De estas consultas, el organismo despachó 689, lo que supone una cifra muy similar a la de años anteriores, precisó Ledesma.

El Consejo de Estado recibió 673 consultas de ministerios principalmente Justicia y Hacienda y 112 de Comunidades Autónomas, de las cuales 60 fueron de extremaduta, 32 de cantabria y 1 de Madrid. También cosultaron a la institución el Banco de España (52)  y el Consejo Nuclear y la Junta Electoral de Central  en una ocasión cada uno.