Moncloa, a sus socios: «No os podéis permitir no aprobar las cuentas»

«En tiempo y forma». Este es el mantra que repiten hasta la saciedad en el Gobierno cuando se les pregunta por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En Moncloa quieren recuperar la «normalidad institucional» y consideran que en el contexto postpandemia –para hacer realidad la «recuperación justa» que predica Pedro Sánchez– y con la inyección de los fondos europeos, no hay otra opción que sacar adelante los Presupuestos. Esto es lo que defienden en público y lo que también trasladan en privado a sus interlocutores. En las negociaciones que mantienen con sus socios, les han planteado abiertamente a éstos que «no se pueden permitir no aprobar las cuentas». Una respuesta a la posición de fuerza que exhiben los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, que enfrían su apoyo, en los primeros compases de la interlocución, para que el Gobierno no dé sus votos por descontados.

En Moncloa, no obstante, sí son conscientes de que, a pesar del «ritual negociador» tendrán que ceder y permitir que sus socios consigan algún rédito que sirva de contrapartida al aval a las cuentas. Aunque se afanen en marcar distancias con el Ejecutivo y asegurar que «sí se pueden permitir» no dar su apoyo a los Presupuestos, lo cierto es que todo se desarrolla en la escenificación propia de una negociación tan trascendente y en la que existe tanto dinero en juego. «Hay mucho teatro», resumen en Moncloa, sobre los posicionamientos de unos y de otros, cuando en realidad, aseguran, las negociaciones van bien encaminadas tanto con el PNV como con Esquerra. Con los republicanos opera otra dinámica, que se ha visto enrarecida por la detención de Carles Puigdemont en Italia, y que obedece a que los independentistas –en plena pugna dentro del Govern por la conveniencia o no de la «mesa de diálogo»– puedan rentabilizar su apoyo con cuestiones simbólicas –para su parroquia soberanista– y también tangibles. De hecho, Aragonés depende de la aprobación de las cuentas estatales para tener la inversión que le permita revertir los recortes sanitarios a los que se ha comprometido.

«Las negociaciones van muy bien. En la recta final», se mostraba ayer optimista un ministro del ala socialista. De hecho, en el Ejecutivo se felicitan de que la vicepresidenta Yolanda Díaz haya relajado, en las últimas horas, la postura exhibida por la también titular morada Ione Belarra. Si la ministra de Derechos Sociales aseguraba la semana pasada que el acuerdo estaba «lejos», Díaz expresaba su confianza en llegar pronto a un entendimiento, pidiendo prudencia porque los acuerdos «se cuecen a fuego lento». Sin embargo, estos tiempos no casan con los del PSOE que sí quiere agilizar el calendario y aspira a llegar al 40º Congreso socialista, que se celebrará del 15 al 17 de octubre en Valencia, con las cuentas ya cerradas. En concreto, desde Hacienda se puntualiza que están en condiciones de tener listo el proyecto la próxima semana, para el Consejo de Ministros del 5 de octubre, aunque esto implicaría aprobarlo en una reunión sin el presidente del Gobierno, que asiste al a cumbre europea de Eslovenia. Lo que obligaría a convocar un Consejo de Ministros extraordinario, porque el martes 12 es festivo, la siguiente semana.

En el Ejecutivo dan máxima prioridad a desbloquear las cuentas y a resolver «los últimos flecos» que quedan pendientes. Asumen los reparos de Podemos y que necesiten salir en la «foto» de la negociación, ya que en el acuerdo de las cuentas de 2021 pactaron dar salida a la ley de Vivienda en los siguientes tres meses y todavía hoy sigue encallada. De hecho, Sánchez ha enviado a su mano derecha y ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a negociar con Ione Belarra para intentar agilizar el acuerdo, que los morados han vinculado a las cuentas para dar su plácet a las mismas. De hecho, ante la negativa del Gobierno a condicionar esta legislación con los Presupuestos –porque no tienen nada que ver–, los socios del Ejecutivo se habían organizado para presentar en el Congreso una proposición de ley alternativa como medida de presión. El texto de vivienda está prácticamente listo, a la espera de la regulación de los alquileres. Una vez cerrado el acuerdo con sus socios y aprobado por el Consejo de Ministros, las cuentas se negociarán con la mayoría de la investidura, con quienes ya existen contactos de baja intensidad que están fructificando.