Decepción porque no haya ningún magistrado del Supremo entre los elegidos: “Era una norma no escrita”

Los cuatro nuevos nombres que Gobierno y oposición han elegido para las vacantes del Tribunal Constitucional han caído como un jarro de agua fría entre las paredes del Tribunal Supremo. “La gente está bastante cabreada”, dice un veterano magistrado del alto tribunal. El hecho de que no se haya escogido de allí ningún nombre ha sido muy cuestionado y ha supuesto una gran sorpresa.

“Se trataba de un criterio no escrito”, recalcan. De los tres salientes, el presidente Juan José González Rivas y la vicepresidenta Encarnación Roca venían precisamente de ese Tribunal. Él de la Sala Contencioso-Administrativa y ella de la Sala de lo Civil, siendo además la primera mujer magistrada de dicha Sala. “Es de lógica que muchos de los presidentes del Supremo terminen en el Constitucional”, indican estas fuentes.

En los pasillos, la sensación que aflora este viernes es de “desmoralización” explican algunos, que consideran que PP y PSOE se han repartido estos puestos para “asegurar” y han dejado el órgano más politizado de lo que estaba. Creen los magistrados que tanto el partido de Pablo Casado como el de Pedro Sánchez han elegido a juristas con un marcado perfil ideológico y mucho menos técnicos que lo que podían haber salido del Supremo.

De este órgano había varios con expectativas de ascender y que, además, habían tenido incluso contactos para ocupar este puesto. Por ejemplo, el magistrado Pablo Lucas de la Sala Contencioso-Administrativa, juez de enlace con el CNI y cercano a la exvicepresidenta Carmen Calvo. De esa misma Sala también había estado en el ambiente el nombre de Rafael Fernández Valverde, presidente de la Sección de Urbanismo y Medioambiente y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial.

En la Sala de lo Penal también había nombres esperados como el del penalista Antonio del Moral, doctor en Derecho por la Universidad Complutense y miembro del Supremo desde 2012 al que llegó por el turno de juristas de reconocida competencia; así como Andrés Martínez Arrieta, que con 43 años se convirtió en el juez más joven en ingresar al alto tribunal y que sonó para presidir la Sala cuando el actual presidente Manuel Marchena parecía que iba a colocarse al frente del Consejo General del Poder Judicial.

Los magistrados no creen que se trate de “una refriega” en contra del órgano, sino que consideran que los políticos “no han tenido valor” de designar a estos magistrados “que luego terminan votando por libre”, como ha pasado por ejemplo con Encarna Roca. La vicepresidenta fue elegida por el partido socialista en 2012 y, sin embargo, estos últimos años su voto se ha alineado con los conservadores en sentencias tan importantes como la del estado de alarma.

“Es una politización absolutamente descarada”, dicen estas fuentes. “La sensación que ha quedado es de desprestigio de las instituciones”, exponen. Los magistrados consultados señalan que tampoco dentro del propio Constitucional ha caído bien la elección. Consideran que algunos de los elegidos -prefieren no dar nombres- no tienen la dilatada carrera profesional que hace falta para ocupar una silla dentro del órgano garante de la Constitución. Señalan, por ejemplo, que tanto Concepción Espejel como Juan Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán se han presentado a vacantes para el Supremo y que el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no les ha considerado aptos y nunca han logrado este ascenso. Por esto, señalan, no entienden que hayan llegado directamente al órgano que revisa todos los grandes asuntos del Estado.