Certezas e incógnitas del contrato que desató la guerra entre Casado y Ayuso

De ninguno de los miles de contratos de emergencia firmados por las administraciones durante la pandemia conocemos tantos datos como del que está en el origen de la guerra Génova-Sol. Una adjudicación que, tal y como hemos conocido esta semana, estaba siendo investigada por la dirección nacional del PP y permanecía también bajo la lupa desde hace meses de todos los partidos de la oposición a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Pese a ese tiempo transcurrido, no ha sido hasta este viernes –un año, diez meses y 17 días después de su firma– cuando Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos lo han puesto en manos de la Fiscalía con el fin de que puedan esclarecerse supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación.

Importe y plazos

En el caso de la Comunidad de Madrid, el contrato por el que el hermano de Díaz Ayuso percibió una comisión se encuadra dentro de los más de 4.000 expedientes formalizados durante la pandemia. Fue firmado el 1 de abril de 2020 y permitió al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2-3 para el pabellón 10 del hospital de Ifema por un precio de cinco euros cada unidad. El importe total del contrato, con el IVA incluido, ascendió hasta los 1.512.500 euros. Fue adjudicado a la empresa Priviet Sportive. El material se entregó el 17 de abril. Un comunicado firmado por la presidenta informó el viernes de que la comisión percibida por el hermano ascendió hasta los 55.850 euros más IVA por «las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid». La factura tiene fecha de 30 de junio.

Los filtros que superó

El contrato fue supervisado por la Intervención General. También fue informado al respecto el Consejo de Gobierno. El expediente relativo a esta adjudicación fue publicado en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Con el fin de debatir en torno a la contratación realizada durante la pandemia, la Asamblea madrileña celebró un pleno monográfico el pasado 11 de noviembre de 2021. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty entregó a todos los grupos toda la documentación de 4.526 contratos de emergencia. Entre ellos estaba el de compra de mascarillas a través de Priviet Sportive. Hasta el viernes, ninguno de los grupos parlamentarios había presentado objeción alguna a este expediente ni a ninguno de los tramitados por la Comunidad.

En la Cámara de Cuentas

Al margen de los filtros antes enumerados, la Cámara de Cuentas llevó a cabo, por encargo de la Asamblea, una auditoría para revisar toda la contratación de emergencia del año 2020. Un trabajo para el que se seleccionaron por muestreo 263 contratos. Son estos expedientes los que se fiscalizaron pormenorizadamente. Entre estos contratos está el de Priviet Sportive. El anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas no incluye ningún reproche ni ninguna tacha de irregularidad en torno a este expediente.

La reunión del 20 de mayo

El Ejecutivo de Ayuso fue informado el 20 de mayo de 2020 del contrato firmado por el Sermas con Priviet Sportive. La presidenta estaba presente . En un informe suscrito por el secretario del Gobierno se concluye que no existió irregularidad alguna. En concreto, el informe señala que «no se ha producido en la actuación de la presidenta infracción alguna de sus deberes de abstención legalmente previstos, ni tampoco de los asumidos voluntariamente al suscribir el Código Ético de los Altos Cargos, al recibir la dación de cuentas del contrato examinado».

Los interrogantes

De la información facilitada desde Sol, sólo quedan por conocer detalles técnicos, como, por ejemplo, el número de mascarillas de cada tipo conseguidas por Priviet Sportive. Al margen del contrato, queda por conocer el concepto de las otras tres facturas que Tomás Díaz Ayuso cobró a Priviet Sportive en 2020: «Facturas de las que no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad», aseguró la propia presidenta en su comunicado.