La factura del cobro del hermano de Ayuso: la clave para la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción ya tiene en su poder toda la documentación que, por el momento, consta sobre la adjudicación de un contrato de mascarillas que ha desatado una guerra feroz en el Partido Popular. Los representantes del PSOE madrileño, de Más Madrid y de Unidas Podemos han hecho llegar al Ministerio Público el documento de la discordia, pero falta la clave: la factura (si la hubiera) del cobro del hermano de la presidenta de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, sobre la que giran todos los interrogantes y sobre la que se han dado distintas versiones en las últimas 24 horas. El órgano que dirige Dolores Delgado será el que decida si hay caso para investigar.

Este filtro será, por tanto, el primer paso. Las fuentes consultadas en la Fiscalía Anticorrupción aclaran que no habrá ninguna distinción a la hora de analizar el asunto: no vale con presentar un documento y pedir que se investigue, tiene que haber indicios de delitos y esto será lo primero en aclararse. En la denuncia presentada por las formaciones políticas se apuntan algunos de ellos -prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos-, si bien se deja la puerta abierta a que la instrucción pueda “alterar la calificación jurídica de los hechos” y haya más. Pero los fiscales tendrán que hacer una análisis preliminar para ver cómo de sólidos son los indicios y concluir si procede investigar.

Una de las claves de todo este embrollo, dicen varias fuentes jurídicas preguntadas, es la factura por la que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró, según su versión 55.850 euros y, según el presidente del PP, Pablo Casado, algo más de 280.000 euros. Nada es seguro porque no hay documento oficial que ponga negro sobre blanco todavía cómo fueron estas cantidades ni en concepto de qué. La única certeza es que cobro hubo porque así lo aseguró la presidenta ya desde el jueves: “Me confirmó [Tomás Díaz Ayuso] que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa [Priviet Sportive S.L.] a la que se asignó el contrato de las mascarillas y que todo era completamente legal y que todo está regulado ante Hacienda y declarado”.

Abogados penalistas en conversaciones con este periódico han aclarado que, en cualquier caso, no se trata de una cantidad nimia (de hecho es “lo suficientemente importante”, en palabras de Casado, como para “inducir que ha habido una influencia real”), aunque no hay nada irregular en un pago a un particular, incluso siendo el hermano de la dirigente madrileña. El delito se produciría si ella hubiera intervenido de manera directa sobre la funcionaria que adjudicó el contrato para que se diera a su familiar y no a otro. Fuentes fiscales indican que la dificultad de probar este delito de tráfico de influencias es grande.

Se trata de un contrato que se tramitó por la vía de urgencia, es decir, a dedo y sin ningún tipo de tramitación pública. Una rendija legal que se utilizó para la mayoría de las adjudicaciones tanto a nivel regional como nacional durante la peor parte de la pandemia cuando conseguir geles hidroalchólicos o mascarillas era además de un reto una absoluta necesidad.

Pero el grupo socialista va más allá y apunta no solo a este pago. En la denuncia del PSOE se señala que Tomás Díaz Ayuso presenta una “abultada facturación con el Gobierno presidido por su hermana” con un total de diez contratos menores en seis meses por valor de 70.500 euros. Igualmente sin concurso ni publicidad, dice el texto, destinados al hospital de la Comunidad de Madrid.

La sombra de un testaferro

En el único contrato que por ahora está entre las paredes del edificio de Anticorrupción no figura directamente ningún familiar de Ayuso. Al principio se valoró como una comisión que éste pudo cobrar, pero entre la nebulosa de dudas la Comunidad de Madrid emitió una nota este mismo viernes aclarando que se trató de un pago “fruto de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid”. Así, cifró la factura en 55.850 euros más IVA como una “contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”.

Lo cierto es que en la adjudicación del contrato el nombre que aparece es el de Privet Sportive S.L. cuyo responsable es Daniel Alcázar y que, en principio, en ningún registro aparece relación alguna con el hermano de Ayuso. Sin embargo, sí son amigos personales. Algunas de las fuentes consultadas aseguran que en este relato que se ha fragmentado a lo largo de los días de guerra trasluce la sombra de un posible “hombre paja”.

“Habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro para no figurar como adjudicatario”, señaló Casado en la Cadena COPE, justo antes de aclarar que él no acusaba, sino que preguntaba. Es decir, si Tomás Díaz Ayuso realizó algún tipo de trabajo tendría que figurar como miembro de la empresa o como parte del contrato. Si el contrato se hizo a nombre de su amigo para que no figurara claramente el apellido de la presidenta en la contratación el problema sería gordo, pero el delito, en principio, sería de él. Podría tratarse de falsedad en documento mercantil, pero en este caso a la cárcel se enfrentaría el empresario. La duda ética quedaría entonces en si la dirigente de la Puerta del Sol lo sabía.

En la rueda de prensa que los Consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty , dieron este viernes revistieron de total legalidad todos los procesos de contratación. Todo se fiscalizó por los cauces habituales y se subió al portal de transparencia en tiempo y forma, según su versión.

Ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía que encabeza Alejandro Luzón. Tendrá que decidir, primero que todo, si hay cimientos sobre los que judicializar el asunto. Unas comprobaciones que pueden durar meses hasta terminar bien en la formalización de una querella o bien en el archivo del caso. En lo que acabe la política, eso ya es otro asunto.