La Justicia europea aborda la entrega de Carles Puigdemont a las autoridades españolas

Comienza la cuenta atrás. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra hoy la vista sobre uno de los dos casos que marcará el futuro del ex president de la Generalitat Carles Puigdemont. La justicia europea deberá abordar la cuestión prejudicial que planteó el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre el alcance de la orden de entrega de Puigdemont. Concretamente, la corte europea aclarará si el Supremo es competente para emitir la euroorden o si debe ser el Tribunal de Justicia de Cataluña el que se encargue de este cometido, ya que allí se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre

La vista entre las partes suele celebrarse de media un año después de que comience el proceso, como ha sucedido en esta ocasión. Tras este paso, la sentencia se produce en un periodo entre tres y cuatro meses, aunque a veces puede alargarse hasta seis. En algunas ocasiones, el abogado general decide tras la vista si presenta sus conclusiones, un primer veredicto no vinculante que en muchas ocasiones anticipa el fallo definitivo. Se desconoce todavía si en el caso de Puigdemont el abogado general decidirá pronunciarse. Tras las conclusiones de éste, es necesario esperar otros tres meses hasta la sentencia firme.

El TJUE decidió el pasado mes de mayo de 2021 rechazar la petición del Supremo de que este caso se tramitara por la vía de urgencia. Esto supone que cualquier decisión sobre el alcance la euroorden no llegará previsiblemente hasta dentro de unos meses, y sólo entonces podrá reactivarse el procedimiento en los tribunales belgas.

Los tribunales belgas rechazaron la solicitud de la Justicia española en caso del exconseller Lluis Puig al considerar que el Alto Tribunal español no tenía jurisdicción en este asunto y, por eso, el magistrado Pablo Llarena decidió remitir el caso a la corte europea ante el temor de que los tribunales belgas pudieran pronunciarse en el mismo sentido en el caso de Puigdemont. Además, la justicia belga rechazó la orden de extradición, al alegar que la presunción de inocencia de Puig estaba en peligro debido a un informe de 2019 del Grupo de Trabajo de la Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que ponía en cuestión la independencia de la justicia española

Además, en su cuestión prejudicial Llarena también busca que la justicia europea se pronuncie sobre si los tribunales belgas pueden cuestionar la competencia del Tribunal Supremo en este caso y si este documento de la ONU es un «elemento objetivo, fiable y preciso» que permita denegar la entrega de un perseguido por la justicia española. El instructor de la causa quiere saber también si puede emitir una nueva euroorden contra el ex conseller si la justicia europea considera que Bélgica no actuó conforme a derecho y sí debería haber facilitado la ejecución de la entrega.

Hoy el alto Tribunal de Luxemburgo escuchará a las partes personadas en el caso: la Abogacía del Estado, la Fiscalía, Vox, las autoridades belgas y los abogados que defienden a Puig y Puigdemont. Polonia y Rumanía han decidido personarse en el caso, tal y como adelantó LA RAZÓN. Aunque el Alto Tribunal europeo fallase a favor del español, este paso sólo significa que la Justicia belga volverá a la casilla de salida y examinará si existe equivalencia entre los delitos imputados a Puigdemont ( y Puig) y los que recoge el ordenamiento del país. Mientras se dirime el caso, el expresident seguirá siendo eurodiputado y sólo perderá esta condición si acaba siendo entregado a la Justicia española tras ser juzgado.

El Parlamento Europeo retiró el año pasado la inmunidad derivada de su condición de representante público tanto a Puigdemont como a los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí. En respuesta, los político independentistas interpusieron un recurso ante la corte europea que está pendiente. Esta retirada de la inmunidad a Puigdemont no tiene en la práctica efectos palpables; el expresident puede moverse con libertad por la UE porque que no existe riego de detención. Esto permite a Puigdemont desplazarse todos los meses desde Bruselas a Estrasburgo (Francia) dónde tienen lugar las sesiones plenarias de la Eurocámara. En septiembre de 2021, el político independentista fue detenido en Cerdeña (Italia), después de que el Supremo asegurase a las autoridades del país que la euroorden seguía en vigor, aunque fue rápidamente puesto en libertad por el juez italiano. El Tribunal de Justicia de la UE confirmó que la entrega estaba suspendida hasta que se resolviera la cuestión prejudicial, por lo que Puigdemont no puede ser arrestado.