Lo que los independentistas callan de sus “servicios secretos” cuando atacan al CNI

Los partidos independentistas catalanes intentan en estos días desacreditar la labor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al tiempo que olvidan las actuaciones que sus particulares “servicios secretos” protagonizaron en su día y que son objeto de acciones judiciales que, en estos momentos, se hallan en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según han informado a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

En octubre de 2017, agentes de la Policía Nacional sorprendieron a miembros de los Mossos d’ Esquadra cuando trataban de quemar en una incineradoras numerosos documentos días antes de que entrara en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La intención parecía clara: hacer desaparecer una serie de pruebas de actuaciones cuando menos cuestionables y que fue abortada por la Policía, que se incautó de los documentos y elaboró el correspondiente informe que elevó a los tribunales de Justicia.

Al no prosperar en España las actuaciones que las personas perjudicadas –abogados, periodistas, políticos, personas consideradas como constitucionalistas, sindicalistas policiales, etcétera-- han llevado sus reclamaciones a la citada instancia europea.

Según el informe policial, elaborado sobre el material que se incautó y que forma parte de dichas actuaciones, “queda de manifiesto que el Cuerpo de Mossos d’Esquadra puso en marcha una serie de acciones con miembros de ese cuerpo para realizar tareas de vigilancias, seguimientos, así como grabaciones de conversaciones y toma de fotografías de personas del ámbito político, periodístico, empresarial y social, que pudieran ser una amenaza para el proceso soberanista que estaba poniendo en marcha la Generalitat de Catalunya”.

“Dicho informe se efectuó con la finalidad de obtener información personal de periodistas, dada la línea política del medio de comunicación para el que trabajan o han trabajado: de carácter constitucionalista y no afín al proceso independentista que llevaba a cabo el gobierno de la Generalitat de Catalunya”.

Todo esto, que pretendía ser quemado para hacerlo desaparecer, derivaba de determinadas informaciones publicadas sobre “el servicio de espionaje (…) el CESICAT (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña) y en lo que algunos han denominado Agencia de Seguridad Nacional Catalana, llamada a convertirse en el embrión del CNI-catalán”.

Incluso, de forma oficial se reconoció la utilización del sistema “Cerberus” (ahora que se habla del Pegasus), que habrían aplicado, “como mínimo, a teléfonos móviles smartphones”.

El CESICAT – agregaba--ha llevado a cabo una serie de actividades irregulares, en ocasiones por propia iniciativa y en otras en colaboración o bajo la petición del Cuerpo de Mossos d ́Esquadra. Muchas de ellas controlando las comunicaciones, en otras interceptando correos electrónicos, redes sociales, así como la telefonía móvil, introduciendo aplicaciones concretas para monitorizarlas. Todo ello los ha llevado a tener que dar numerosas explicaciones a la Apdcat (Autoridad Catalana de Protección de Datos), por denuncias recibidas de particulares, por el uso de sus datos privados, incluso para confeccionar listados de contenido político”.

“Se ha constituido como una verdadera estructura de información para un futuro Estado catalán, en connivencia con la Comisaria General de Información (CGI) del Cuerpo de Mossos d ́Esquadra, con quien trabaja paralelamente. Muestra de ello es la denuncia formulada por el agente de los Mossos con TIP 19443 sobre su posible captación por parte del CESICAT, para la creación de un grupo que se dedicara a realizar seguimientos a políticos, así como la búsqueda de información mediante sus herramientas informáticas, realizar escuchas telefónicas a políticos y otras personas de interés que tengan posibilidad de perjudicar los intereses de la Generalitat de Catalunya, y pudiendo utilizar incluso la violencia para conseguir información. Curiosamente dicha denuncia fue tomada en el AT ACII (Área Central de Información Interior de la D.G.P., Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya)”.

“Según estas notas (las intervenidas por la Policía), varios políticos del PPC (Partido Popular de Cataluña) fueron sometidos a vigilancias y seguimientos por parte de miembros del Cuerpo de Mosssos d’Esquadra, utilizando en ocasiones medios técnicos de algún grupo de comunicación afín al proceso, y ordenados por cargos políticos de CDC (Convergencia Democrática de Cataluña), con la intención de poder recopilar información comprometida sobre sus movimientos, encuentros o vínculos en Catalunya, y así poder utilizar esta información en caso de tener que negociar con el Estado Español, para poder llegar a su objetivo final, que no era otra que la independencia de Catalunya”.

Asimismo, las manifestaciones convocadas por organizaciones contrarias al secesionismo, como las de Sociedad Civil Catalana (SCC), eran objeto de espionaje ; “no sólo se trataba de un simple informe del seguimiento de una manifestación, sino más bien del seguimiento que desde la CGINF de Mossos d ́Esquadra, siguiendo presumiblemente ordenes políticas, se ha venido realizando de partidos políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas entre otros colectivos en Catalunya, que son contrarios al proceso independentista desarrollado por el gobierno de la Generalitat desde sus diferentes consejerías”.

En el informe se hacía especial hincapié en que, en la recta final del proceso soberanista, “SCC está incrementando su ofensiva, teniendo más fuerza en las redes sociales (donde también se les está haciendo un seguimiento), así como el incremento de pequeños actos en la calle. Igualmente, la CGINF (Unidad Central de Seguimientos y Vigilancias) comunica que le partido político Ciutadans (principal partido de la oposición en el Parlamento catalán entonces) ha crecido en los últimos años, sabiendo movilizar a personas mediáticas relacionadas con el mundo de la comunicación y políticos”. Y que “se aprecia el interés, por parte de la CGI de Mossos d ́Esquadra, en el control de todas y cada una de las asociaciones o movimientos civiles de carácter no independentista que van apareciendo, y que han ido surgiendo para hacer frente al proceso soberanista, control que ha de obedecer a una transmisión jerárquica de instrucciones desde la cúpula de dicho cuerpo, para informar de estos movimientos al gobierno de la Generalitat de Catalunya.”

Ello coincide con el análisis realizado de otros documentos, donde se evidencia un auténtico departamento de “espionaje ilegal” por parte de los responsables de los Mossos d ́Esquadra y de los políticos de la Generalitat a través del “CESICAT”, donde se constata el diseño y realización de lo que debía ser el embrión del CNI-Catalán”, insiste.

“La Generalitat de Catalunya, a través del Cuerpo de Mossos d ́Esquadra, y más concretamente a través de la Comisaría General de Información de la policía autonómica, ha llevado a cabo y dado continuidad a un “servicio ilegal de espionaje”, alcanzando como objetivos a partidos políticos, activistas políticos, personajes públicos o privados, entidades y plataformas perfectamente constituidas, todo ellos de marcado perfil “unionista” o “constitucionalista” a los que, como todo parece indicar, la Generalitat de Catalunya quería tener perfectamente controlados”, enfatizaba el infiorme.

“En diferentes documentos intervenidos, que se han detallado anteriormente, se deja constancia de actuaciones llevadas a cabo por la Comisaría General de Información de la Policía de la Generalitat-Mossos d ́Esquadra, que no sólo no se corresponden con los cometidos que tienen legalmente establecidos, sino que entrarían en contradicción con dichos preceptos y por tanto con el cumplimiento de la Ley” que no da “cabida a tales actuaciones, enmarcándose éstas en una manifiesta labor de apoyo a la ejecución de la “hoja de ruta” del secesionismo, controlando para ello todos aquellos colectivos, personas y sus actividades, que se oponían a este, con la finalidad de subvertir el orden constitucional y la forma de gobierno de una parte del Estado español, poniendo a disposición de dicha finalidad al Cuerpo de Mossos d ́Esquadra, como elemento esencial del aparato gubernamental de la Generalitat. De igual forma, los documentos que ponen de manifiesto el seguimiento de entidades y el control a personas o políticos de la esfera no secesionista, estarían vulnerando uno de los principios básicos de actuación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, concretamente el de “actuar en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad”.

Las fuentes consultadas por este periódico subrayan que, entre los documentos intervenidos y que se trataban de destruir, no había seguimientos ni controles de miembros o manifestaciones de organizaciones separatistas como ANC u Omnium Cultural, y “mucho menos en las que se fotografíe uno por uno a los miembros de la cabecera de estas asociaciones y actividades en las que participan sus miembros, se les hagan reseñas identificativas, con fotos individuales, se les clasifique por supuestas vinculaciones políticas, por ejemplo, SCC, SCC jóvenes, Barcelona con la selección, C’s, UPy D, etcétera.