La reclamación de Cornide «no tiene base jurídica», según el abogado de los Franco

El Gobierno central no tiene intención de iniciar gestión alguna para despojar a los herederos de Francisco Franco de la denominada Casa Cornide, un histórico inmueble situado en la ciudad vieja de La Coruña, dado que no tiene constancia de que esa propiedad «pueda ser de titularidad estatal».

La noticia se ha conocido por un escrito en el que el Ejecutivo responde al diputado de Galicia En Común en el Congreso Antón Gómez Reino, quien se interesó por el cumplimiento de una proposición no de ley con la que la Cámara Baja evidenció su apoyo a la intención del Ayuntamiento coruñés de recuperar esa propiedad para el patrimonio público, en línea con las acciones llevadas a cabo con la misma intención respecto al Pazo de Meirás, residencia estival de Franco.

La Comisión Constitucional del Congreso aprobó el 11 de marzo de 2021, con el voto en contra de Vox y la abstención de Ciudadanos, ese texto del propio Gómez Reino que instaba el Gobierno a «apoyar las iniciativas» tomadas por el Ayuntamiento de La Coruña.

Gómez Reino preguntó al Ejecutivo si había avanzado algo en ese mandato y si tenía previsto personarse en las causas judiciales «abiertas o por abrir» a iniciativa del consistorio con objeto de recuperar la casa para patrimonio público.

En su respuesta, informa Europa Press, el Gobierno detalla que en la Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, «no constan indicios» de que la casa Cornide «pueda ser de titularidad estatal». Por ello, explica que «en principio», no «se ha considerado pertinente iniciar un expediente de investigación o recuperación patrimonial por la Administración General del Estado».

Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, asegura, en declaraciones a LA RAZÓN, que «jurídicamente no hay base alguna para reclamar Cornide», y dice «confiar en que el [Tribunal] Supremo estime finalmente nuestro recurso sobre Meirás, otro atropello jurídicamente inaceptable».

«Me alegro», afirma, «de que el Gobierno deje de utilizar los recursos de todos para perseguir a una familia que no tiene ningún afán de notoriedad».

La Casa Cornide fue sede del consistorio durante el siglo XIX, transfiriéndose su propiedad en 1957 al Ministerio de Educación, hasta que en la década de los sesenta se permutó por una parcela del ayuntamiento con la idea de que fuera sede de un conservatorio de música. Pero en 1962 fue adquirida tras salir a subasta por Pedro Barrié de la Maza –principal activista de la Junta pro Pazo de Meirás en 1938– que se la vendió a continuación a Carmen Polo por un precio considerado simbólico. Podemos considera que es otro ejemplo de «usurpación» del patrimonio público por parte de los Franco.

La intención de Gómez Reino era que la Abogacía del Estado planteara una demanda en colaboración con la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de La Coruña para impedir que la Casa Cornide siga vinculada a la familia Franco, que la puso a la venta en julio de 2020 en la inmobiliaria Philippot & Lloyd por un precio «a consultar». El hecho de que la Xunta abriera expediente para convertir el inmueble en Bien de Interés Cultural (BIC) confiere a la Administración los derechos de tanteo en caso de que los Franco consigan un comprador. Por su parte, el consistorio sigue adelante y achaca a la pandemia el retraso en su demanda judicial.