Los Franco no van a recurrir la declaración BIC de la Casa Cornide

Francisco Franco Martínez-Bordiú: «No vamos a seguir gastando dinero en algo que es potestativo de la Xunta y que no se puede ganar»

La Casa Cornide es un palacete histórico del siglo XVIII situado en el centro de La Coruña
La Casa Cornide es un palacete histórico del siglo XVIII situado en el centro de La CoruñaEuropa PressEP

Los herederos de Franco no van a recurrir la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la casa Cornide de La Coruña, propiedad que el consistorio local quiere reclamar por vía judicial por considerar que la familia se la apropió siguiendo el «modus operandi» del Pazo de Meirás. Una negativa a reclamar que confirma a LA RAZÓN Francisco Franco-Martínez Bordiú.

El edificio de estilo tardobarroco fue puesto este lunes bajo «tutela provisional» en el Diario Oficial de Galicia (DOG), al iniciarse los trámites para incoar una declaración de Bien de Interés Cultural, según anunció la Xunta de Galicia. Este paso incluye la protección provisional del inmueble hasta entonces –puede tardar dos años en ser BIC, aunque ya cuenta con idéntico amparo– y la apertura a visitas de los ciudadanos.

La medida, publicada oficialmente en base a la legislación sobre el patrimonio cultural gallego, supondrá que «afecta a todo el edificio y, de forma cautelar y preventiva, a las partes integrantes y pertenencias hasta que se tenga acceso al interior para completar la valoración», indica el Gobierno gallego en un comunicado, y determinar qué espacios u ornamentos son susceptibles de ser incluidos en la declaración de BIC.

El inicio de ese procedimiento administrativo supone que todos los elementos, incluido el mobiliario y la biblioteca de la casa, situada en la calle Damas número 25, en el casco antiguo de La Coruña, quedan «provisionalmente protegidos».

La iniciativa ha sido adoptada después de que en julio de 2020 los herederos de Franco pusieran a la venta la casa Cornide por un precio «a consultar» en un portal inmobiliario de propiedades de lujo.

El nuevo estatus del edificio implica deberes y obligaciones para sus actuales propietarios, los herederos de Francisco Franco. Así, tendrán que pedir permiso a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta para realizar intervenciones u obras en el edificio, siempre y cuando estas actuaciones no pongan en peligro los valores patrimoniales. Tienen además la obligación de garantizar su buen estado de conservación, evitar su deterioro e informar de cualquier daño en la estructura, además de permitir el acceso a técnicos de la administración, inspectores e investigadores. La familia Franco tendrá que permitir, asimismo, la visita pública gratuita al menos cuatro días al mes durante un mínimo de cuatro horas al día.

Los Franco tienen la posibilidad de recurrir la declaración BIC por la vía administrativa y judicial, cosa que ya hicieron con el Pazo de Meirás que, tras ser declarado BIC en 2008, no se mostró al público hasta 2011, una vez resueltos los recursos de la familia, pero Francisco Franco Martínez-Bordiú, confirma que esta vez no se plantean esa opción. «No vamos a recurrir porque no vamos a seguir gastando dinero en algo que es potestativo de la Xunta y que no se puede ganar, porque ellos deciden qué es BIC y qué no». Algo que, en su opinión, «puede estar más justificado en el caso de la casa Cornide que respecto a Meirás».

Critica el nieto mayor de los varones Franco que «todas las declaraciones BIC que hacen en nuestro caso son para dificultar las transmisiones –o futuras transmisiones– de esas propiedades, pero muy lejos de lo que dicen sobre que no pueden venderse», apunta, «se pueden vender igualmente, lo que ocurre es que tienen una servidumbre o una carga, lo que hace bajar el valor de esos bienes». «Es lo que se llama fastidiar por fastidiar», concluye.

Los Franco continuarán siendo los propietarios del edificio, pero tendrán que notificar a la Xunta cualquier pretensión de venta o transmisión, su precio, las condiciones y la identidad del comprador. De darse el caso, el Gobierno gallego tendrá derecho a tanteo y a presentar una contraoferta. El incumplimiento de las obligaciones permitiría a la Xunta expropiar el inmueble.