Sedición: un pacto secreto con ERC firmado desde el pasado verano

El acuerdo entre Moncloa y ERC para derogar el delito de sedición lleva firmado y guardado en el cajón desde finales del verano. «Tres meses», según fuentes solventes. Es un pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, negociado al margen de la mesa bilateral, a la que las dos partes han silenciado por interés mutuo y sin que esto suponga renunciar a la agenda de exigencias independentistas.

Junqueras celebró este viernes con entusiasmo el brazo doblado al Gobierno, pero todavía confía en sacar más de lo ya conseguido durante la negociación parlamentaria de la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos para cambiar el Código Penal. Ese «más» es que la reforma no deje ninguna duda de que borra también el delito de malversación. Fuentes jurídicas consideran que los independentistas han conseguido, en la práctica, la amnistía en dos pasos: primero, con el indulto, y en las próximas semanas, con la supresión del delito de sedición. Junqueras está también exultante porque el nuevo marco facilita los juicios que tienen que celebrarse a principios de año y que «tocan» a nombres muy cercanos al exvicepresidente de la Generalitat.

El movimiento, por más que lo disfracen en Moncloa, tiene un valor jurídico y político con repercusiones que van mucho más allá de la aprobación de unos Presupuestos y de que el presidente del Gobierno se garantice estabilidad para agotar su mandato. PSOE y ERC están solidificando un marco de colaboración permanente en Madrid y Cataluña, con Bildu en la ecuación, y a costa de que Sánchez actúe, aparentemente, como un «suicida» en el resto de España. Su último movimiento, «a doble o nada», como apuntan en el PSOE, dará votos al PSC en Cataluña, sin duda, y está por ver si puede ser una bomba de relojería para los demás candidatos socialistas en las elecciones de mayo. Mientras, Sánchez ha vuelto a hacer ver a su partido que a él no le frena nada ni nadie, y que todo puede llegar a ser tan flexible como confirma el hecho de que en su última campaña sí llevase la promesa de cambiar el Código Penal, pero para volver a tipificar la convocatoria de referendos ilegales.

Moncloa vende despreocupación frente a la tormenta desatada porque los «gurús» del presidente sostienen que «la gente se olvidará de aquí a unas semanas del revuelo» y que todo lo que podía costarle al «sanchismo» su política en Cataluña «ya está amortizado». La sedición no puede hacerle más daño que los indultos, y los indultos son ya pasado, según los «sabios» demoscópicos del presidente. La oposición no piensa lo mismo, y tampoco dentro del PSOE, aunque solo se hayan atrevido a levantar la voz el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de Aragón, Javier Lambán.

Las encuestas, sin recoger el impacto de la sedición, coincidían hasta ahora en señalar dos problemas para Sánchez: que sigue mandando más de medio millón de votos a la derecha y que, aunque el PP tiende a permanecer estable en el 30 por ciento, el PSOE apenas se beneficia de esta situación. Lleva estancado desde hace meses en el 26-27 por ciento.

Tampoco las medidas sociales han alterado un marco en el que la gran diferencia entre el PSOE y el PP es la salud de sus «escuderos» y su posible aportación a la construcción de mayorías. Mientras Vox aún se mantiene entre el 14-15 por ciento, Podemos se debilita a la espera de que estalle en su grado máximo el conflicto entre Pablo Iglesias y la vicepresidenta, Yolanda Díaz. En 2019, el PSOE ganó con el 28 por ciento, con Podemos en el 13 por ciento. En el otro bloque, el PP obtuvo el 21 por ciento y Vox, el 15 por ciento.

Las encuestas llevan meses situando al PP como lista ganadora, con el 30 por ciento, y con Vox, en el 14 por ciento. Mientras que en la izquierda, el PSOE está en el 28 por ciento y con su socio en caída y al borde de la fragmentación, que estiman que podría costarle al PSOE una decena de escaños. Con estas cifras encima de la mesa, el presidente ha hecho un último giro hacia la izquierda y se lo juega todo a sumar con Yolanda Díaz, los independentistas y nacionalistas, y a que Cataluña le blinde en La Moncloa.

En la política catalana esperan más cambios. Aquellos que están más cerca de ERC descartan que Junqueras sea el próximo candidato a la Generalitat, aunque la reforma de Sánchez le abra la puerta porque al aplicársele la nueva horquilla de penas, entre seis y ocho años, podría llegar a tiempo de presentarse en 2025 a las elecciones autonómicas (habrá que ver cómo se concreta su pena por malversación en el nuevo Código Penal). Sí cuentan con que vaya en la lista, pero primero ERC tiene que resolver el debate de la posible vuelta a España de la prófuga Marta Rovira, otra gran beneficiada por el plan del Gobierno. La «número dos» de ERC tiene peso en lo orgánico y también es un referente en lo institucional, aunque lleve huida en Suiza desde 2018. Pere Aragonès ha cogido espacio en lo institucional, pero en el partido el mando es de Rovira.