Un error político que castigará al PSOE

Los numerosos portavoces gubernamentales no sólo tratan de desvincular la derogación del delito de sedición en el Código Penal, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino que, en un doble salto mortal dialéctico, mantienen, como es el caso del líder socialista andaluz, Juan Espadas, que se trata de dar cumplimiento a su programa electoral, con la finalidad de acabar con la supuesta impunidad del fugado Carles Puigdemont.

Más allá de lo alambicado del argumento, lo cierto es que la percepción general de la opinión pública es muy diferente y se inclina por la evidencia de un ejecutivo en minoría parlamentaria, que necesita mantener los apoyos nacionalistas de la investidura para agotar la legislatura. De ahí, que este nuevo gesto de La Moncloa con unos socios parlamentarios que mantienen contra toda lógica su hoja de ruta hacia el referéndum de autodeterminación, haya sido recibido con muchas reservas entre algunas agrupaciones regionales del partido, principalmente, las de aquellas comunidades convocadas a las urnas autonómicas el próximo mayo, que cuentan con encuestas propias muy poco halagüeñas.

En efecto, muchos dirigentes socialistas, con independencia de sus posiciones públicas, son conscientes de que se está produciendo un fenómeno político inédito como es el trasvase de una parte del voto del PSOE hacia el Partido Popular –683.000 antiguos electores socialistas declaran su intención de votar a Feijóo, según los últimos sondeos publicados–, algo que no se había producido en los desastres de 1996, 2000 y 2011, cuando la mayoría se inclinó por la abstención. El cambio dio su primer síntoma en Madrid, donde el PSOE se dejó 272.000 votos, y tuvo su confirmación en Andalucía, donde se fugaron 123.000 votantes socialistas. Una tendencia que, sin duda, no se puede deslindar del apunte demoscópico que nos dice, a través de encuestas coincidentes, que un 58,3 por ciento de quienes se declaran próximos al PSOE rechazaban los acuerdos suscritos por Pedro Sánchez con los nacionalistas catalanes y con Bildu.

Sin embargo, desde los medios próximos a La Moncloa se insiste en que el coste electoral de la cesión a ERC será limitado y asumible, entre otras razones, porque acabará por calar entre los electores el relato del Gobierno como artífice, con sus medidas de clemencia, de la caída de la tensión política en Cataluña y el retorno a un clima de diálogo con los partidos secesionistas. Con el argumento añadido de que el voto se decidirá por otras razones, económicas y sociales, una vez que la cuestión catalana se aleje del foco mediático. Un cálculo, en cualquier caso, arriesgado, pero que tiene la virtud en sí misma de reconocer que se ha cometido un error político y que toca afrontarlo.