El Gobierno no ve margen para que el TC paralice el lunes la reforma

La sensación que recorre el Gobierno y el PSOE después de cómo se desarrollaron los acontecimientos este jueves es de «alivio». El pleno del Congreso de los Diputados que avaló la reforma del Código Penal y las enmiendas para acelerar la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y la malversación se desarrolló en un ambiente bronco y enrarecido, con acusaciones cruzadas de golpismo y bajo la amenaza de injerencia judicial.

La votación se produjo, no obstante, después de que en el seno del TC los cinco magistrados de sensibilidad progresista forzaran el retraso –hasta el lunes– de la deliberación definitiva. Y esta circunstancia, que finalmente se superase el trámite en la Cámara baja, es la que hace que exista cierta «tranquilidad» en Moncloa. Fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN entienden que, una vez que el tribunal de garantías no suspendió la tramitación de la reforma el pasado jueves, lo tendrá «más difícil» a partir del lunes.

En concreto, consideran que técnicamente el recurso que interpuso el PP, por el defecto de forma de las enmiendas para acelerar la renovación del Tribunal Constitucional –al no tener vinculación directa con el objeto de la reforma del Código Penal para derogar la sedición–, no puede prosperar. Esto es así, según la argumentación gubernamental, porque las enmiendas que se persigue recurrir ya han sido votadas en el Congreso, lo que supone jurídicamente la «pérdida sobrevenida del objeto». Legalmente esta situación se explica como una forma de extinción de un proceso fundamentada en la aparición de una realidad extraprocesal que priva o hace desaparecer el interés legítimo a obtener la tutela judicial pretendida.

Fuentes socialistas piden «cordura y sentido común» al TC y consideran que no se «meterá en medio del procedimiento» antes de su aprobación definitiva en el Senado, porque esto sería tanto como «desautorizar a los diputados» en sus atribuciones. Creen que se debe dejar al Legislativo seguir desarrollando su labor «con normalidad» y «sin ningún tipo de cortapisas». Aunque exista cierta «tranquilidad», esto no es óbice para que, una vez que se concluya el proceso, se pueda proceder contra la reforma que busca desbloquear la renovación del Constitucional.

Hasta entonces, fuentes socialistas creen que sería «insólito» que el TC dé amparo en relación a un texto que todavía no se ha aprobado y que, por tanto, no ha sido susceptible de generar perjuicio alguno. Además, avanzan que cualquier duda de constitucionalidad que pueda apreciar el tribunal puede ser subsanada en el trámite parlamentario que todavía continúa vivo en el Senado.

Sin embargo el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso registró ayer ante el TC una ampliación de su recurso de amparo para cegar, precisamente, esta vía a la que se aferran los socialistas. El PP señala que “aunque la proposición de ley fue votada en el Pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario, por lo que el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el Alto Tribunal pueda actuar”.

La incertidumbre es, por tanto, máxima y en el Ejecutivo aprovecharon ayer para trasladar toda la presión al PP por la crisis institucional sin precedentes que se puede abrir. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reclamó a los populares que retiren el recurso de amparo ante el TC, porque las consecuencias de que fuera estimado y se suspendiera la reforma serían «impredecibles».

«El PP ha ido demasiado lejos, está tensionando las instituciones –el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional–, está retorciendo la ley con un recurso que pretende que ocurra algo que no ha ocurrido en más de 40 años de democracia en España y que no ha ocurrido en ningún país del mundo, que se pare una votación democrática en un Parlamento democrático. Le pido al PP que retire ese recurso porque es impredecible –repitió–. No quiero ni pensar las consecuencias que tendría para la democracia, si al final fuera estimado. No se puede permitir que haya nada que pueda parar una votación democrática del Parlamento elegido por los españoles», aseguró Bolaños.

El calendario estipulado prevé que el Senado debata el próximo martes la reforma del Código Penal en comisión y ponencia y ya el jueves 22 que se apruebe en el pleno, si el tribunal de garantías no lo impide. En la Cámara alta ya se valoran todos los escenarios, por ejemplo, que si se paralizaran las enmiendas que conciernen a la renovación del Constitucional se pueda seguir la tramitación relativa a la malversación y aprobarse, así, de forma parcial aquello que no quede afectado.