Las claves de la polémica ley que reforma el Código Penal y cambia la elección del TC

El Congreso ha dado luz verde a la proposición de ley que incluye una reforma del Código Penal, una reforma de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y una revisión de la ley del solo “sí es sí”. En total, ha recibido el apoyo de 184 diputados y ha contado con 64 votos en contra y una abstención. El PP y Ciudadanos han rechazado formar parte de la votación.

¿Qué se ha aprobado?

La proposición de ley está impulsada por el PSOE y Podemos y ha contado con la participación activa de Esquerra. El nombre concreto de la ley es Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Pedro Sánchez anunció la reforma legal el 10 de noviembre y todo apunta a que el próximo jueves 22 de diciembre quede aprobada definitivamente en el Senado. Este jueves ha sido aprobada en el Congreso, penúltimo paso legislativo.

¿Cuáles son los cambios más polémicos en el Código Penal?

La proposición de ley incluye cambios en el Código Penal muy heterogéneos: en total, la propuesta legislativa de partida contenía 19 modificaciones, aunque luego se han añadido más durante el proceso de enmiendas. Entre los cambios, se contempla la supresión del delito de sedición y la rebaja de penas por malversación (con ambos se condenaron a los dirigentes independentistas); la revisión de la ley del “solo sí es sí”; se ha introducido un nuevo delito contra la corrupción (enriquecimiento ilícito); penas por la ocultación de cadáveres; la transposición de directivas europeas en materia económica; o penas por contrabando con material de Defensa.

¿Cuáles son los cambios relacionados con el “procés”?

Los cambios que benefician a los independentistas son dos: la supresión del delito de sedición, que pasa a ser sustituido por un delito de desórdenes públicos agravado (pasando las penas de 15 a cinco años), y la rebaja de penas por malversación, que pasa a diferenciar entre administración desleal y lucro personal. De esta manera, con la administración desleal, se rebajan las penas de doce a cuatro años, que es lo que se aplicaría (la última palabra la tienen los jueces) a los independentistas. Por administración desleal se entiende el dinero público destinado a otras cuestiones distintas a las previstas (por ejemplo, los recursos públicos dirigidos a la votación del 1-O). Esta enmienda ha generado muchas dudas incluso en el bloque de la izquierda porque puede acabar beneficiando a condenados por corrupción.

¿Cuáles son los cambios relacionados con la ley del “solo sí es sí”?

El Gobierno ha tratado de despachar el caos de la ley del “solo sí es sí” con cambios en la exposición de motivos del Código Penal, algo que no tiene valor normativo, pero sí que tiene “valor interpretativo”, según defienden en Podemos. En este sentido, han incorporado un párrafo adicional a la exposición de motivos para facilitar a los jueces “la interpretación del derecho transitorio de acuerdo con la jurisprudencia consolidada”, esto es, se busca incentivar una “aplicación correcta” de las modificaciones del Código Penal que se han impulsado en los últimos tiempos, prioritariamente en lo relativo a la norma estrella de Igualdad –pero también a la malversación– y que, en el caso de la Ley de Libertades Sexuales ha provocado una cascada de revisiones a la baja de sentencias a violadores condenados.

¿Cuáles son los cambios relacionados con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional está formado por doce miembros, de los cuales cuatro son elegidos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Ahora le toca al Gobierno y al CGPJ proponer cuatro nuevos miembros (dos cada uno) para suceder a cuatro miembros con el mandato caducado (hace más de tres meses). Sin embargo, el CGPJ (gobierno de los jueces), que lleva cuatro años sin renovarse y con mayoría conservadora, sigue dilatando la decisión. El Gobierno quiere darle la vuelta a la mayoría del Tribunal Constitucional, que ahora es conservadora, y por eso apremia a que se hagan los cambios: la reforma legal lo que hace es que los dos miembros propuestos por el CGPJ sean escogidos por mayoría simple en lugar de por tres quintas partes, como ocurre ahora, para evitar que el gobierno de los jueces siga dilatando esos nombramientos. El Gobierno aspira a una mayoría progresista en el TC, que tiene muchas asignaturas pendientes, como recursos contra leyes sensibles, como la del aborto o la del 25% de castellano en Cataluña.

¿Qué critica la oposición?

La oposición, liderada por el PP, critica el procedimiento legislativo. Cuca Gamarra ha defendido el derecho del Gobierno a hacer estas reformas legales, pero se ha mostrado en contra de los procedimientos: por la vía de urgencia (en poco más de un mes se ha hecho toda la tramitación, sin apenas margen para la comparecencia de expertos y generar un debate con mayor reflexión e información) y sin acudir a los órganos consultivos para que emitan los informes (Consejo de Estado, CGPJ o Consejo Fiscal), aunque no sean vinculantes. Por todo ello, PP y Vox han presentado recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

¿Qué argumenta el Gobierno?

En el Gobierno aseguran que todo lo que han hecho es legal (es decir, en ningún caso es comparable a las leyes de ruptura que se aprobaron en el Parlament de 2017, tal y como han querido comparar algunos grupos, como Ciudadanos) y, además, ven un golpe a la democracia que el PP siga bloqueando la renovación de los órganos constitucionales, tanto el CGPJ como el TC.

¿Qué papel juega el Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional se reunirá el lunes para decidir si acepta los recursos de PP y Vox y paraliza la ley, que debe acabar su tramitación en el Senado, o da la razón a PSOE y Podemos, que han pedido que no se frene.

¿Cuándo entra en vigor?

La ley entrará en vigor el mismo día 22 de diciembre, cuando se apruebe en el Senado. Este punto también puede ser clave porque si el TC sigue sin renovar a sus cuatro miembros antes de ese jueves, se renovará automáticamente apoyada en esta ley, que favorece al bloque progresista.