El Gobierno y el PSOE habían cerrado en falso la pasada semana la crisis con el PP a causa del protocolo fantasma antiaborto de Castilla y León, una vez que la Junta acreditó que el programa no se había puesto en marcha y desde La Moncloa lo dieron por validado.

Nada más lejos de la realidad. El PSOE, que ya había usado esta polémica la semana pasada para hacer campaña contra el PP, quiere mantener viva la situación, a pesar de que ello implique impedir que la propia reforma del aborto se apruebe de inmediato. Una estrategia que solivianta a sus propios socios en el Ejecutivo de coalición.

A las puertas de la campaña electoral, los socialistas han decidido presentar un texto transaccional en el la Cámara Alta a la reforma de la ley del aborto con el fin de garantizar que «nadie coaccione a las mujeres en la formación de su voluntad de abortar», según explican. Será el próximo 2 de febrero en la Comisión de igualdad donde se debata esta medida que busca que el PP se retrate. Una vez que el PSOE pacte la enmienda transaccional con los grupos, la ley volverá al Congreso de los Diputados de nuevo para su debate y ratificación de la citada enmienda, por lo que corre el peligro que también deban pactarse nuevas enmiendas.

La enmienda se presenta, además, en el Senado con el objetivo de que el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se pronuncie al respecto y así lo reconoció ayer la propia portavoz socialista en el Senado, Eva Granados: «Vamos a comprobar lo que decide Feijóo», aseguró ante los medios de comunicación, para después asegurar que tendrá la «oportunidad de desmarcarse en primera persona de su posición real» sobre este asunto.

En el PSOE se niega que el fin sea el de alargar el debate sobre el aborto y de explotar la polémica del protocolo fantasma de Vox para cargar contra el PP por sus pactos con el partido de Santiago Abascal. Se trata de ahondar en que el sentido de la enmienda es el de «reforzar» el derecho al aborto y evitar cualquier tipo de «coacción», explicó la portavoz socialista. «Con esta transaccional logramos blindar los derechos de las mujeres frente a quienes trafican con ellos para mantener el poder». Según los socialistas, la enmienda asegura que «la estrategia del Gobierno de Castilla y León no prospera», en relación al protocolo que incluye –aunque no ha sido publicado oficialmente– la obligación de los médicos a informar a las mujeres que deseen abortar de que pueden escuchar el latido del feto y visualizar una ecografía 4D.

Sin embargo, en el propio texto de la ley ya hay un artículo en el que se «blinda» a las mujeres para que estén protegidas respecto a las Administraciones Públicas que intenten presionarlas para que no aborten. Por tanto, según reconocen entre los socios del Gobierno, «no hacía falta» una enmienda transaccional. Se trata concretamente del artículo 24.1, en el que queda claro que «las Administraciones Públicas se abstendrán de realizar cualquier acto que vulnere los derechos sexuales y reproductivos establecidos en esta ley orgánica y se asegurarán de que autoridades, personal funcionario, agentes e instituciones estatales y autonómicas, así como los demás actores que actúen en nombre de las anteriores se comporten de acuerdo con esta obligación».

Así, esta decisión de alargar de nuevo el debate y devolver la ley al Congreso de los Diputados para volver a tratar la ley en la previa de las elecciones autonómicas y municipales no ha gustado a los socios de Gobierno que ven una «estrategia electoralista» en el PSOE, la de identificar al PP con Vox como discurso de campaña. Son conscientes de esta argucia parlamentaria, a pesar de que, reconocen, no podrán frenarla.