21 de febrero: fecha límite para que el PSOE y los separatistas aprueben la amnistía

La reunión de la Mesa del Congreso de este martes tiene que acordar el plazo que da a la Comisión de Justicia para darle una segunda oportunidad a la ley de amnistía tras el revés de hace una semana en el Pleno. En total, según el informe elaborado por los letrados del Congreso al que ha tenido acceso LA RAZÓN, habrá de tiempo hasta el 21 de febrero, ya que son 15 días, a contar desde el 6 de febrero.

En este sentido, los letrados aplican los plazos propios del trámite de urgencia que ya aprobó la Mesa (es decir, se reduce a la mitad el tiempo de tramitación y por eso da 15 días en vez de un mes) y hacen una interpretación favorable del artículo 131.2 del Reglamento del Congreso, ya que había dudas jurídicas sobre si la amnistía había quedado ya tumbada tras el rechazo del Pleno o tenía margen para una segunda oportunidad. Si se aprueba en Comisión, irá directamente al Senado.

En todo caso, las dudas sobre la tramitación parlamentaria van a continuar existiendo y en la reunión de la Mesa de este martes se tratarán los escritos que han presentado tanto el PP como Vox contra la ley porque consideran que ha decaído. ¿Por qué? Porque el Pleno del Congreso la tumbó la semana pasada en la votación de conjunto y la oposición considera que la norma decae y no tiene margen para una "segunda oportunidad" en la Comisión de Justicia. Es decir, se entiende que la ley ha quedado tumbado.

En este sentido, aducen dos precedentes de dos leyes orgánicas para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial entre 1996 y 2000 que tampoco prosperaron en el Pleno porque no alcanzaron los 176 votos que requiere una mayoría absoluta, pero sí obtuvieron mayoría simple (más votos a favor que en contra): gracias a eso, pudieron tener una segunda oportunidad en la Comisión de Justicia. En cambio, la amnistía ni ha logrado mayoría absoluta ni mayoría simple y, por tanto, se entiende que la proposición de ley ha decaído y no se puede acoger a la «segunda oportunidad» de la Comisión de Justicia.

Sin embargo, en el informe de los letrados, elaborado por los asesores de la presidencia del Congreso, se rechazan los argumentos de PP y Vox. ¿Por qué? Porque consideran que en el Pleno hubo dos votaciones diferenciadas: la primera del dictamen, que sí recibió mayoría absoluta, y la segunda, del conjunto del texto, que obtuvo más "noes" que "síes". Toda ley orgánica siempre tiene dos votaciones finales en el Pleno (de dictamen y de conjunto).

En este sentido, los letrados consideran que ha habido "dos votaciones diferentes, tanto por su objeto como por su finalidad y consecuencia". "Como tales votaciones diferentes se enunciaron por la Presidencia y se percibieron por los miembros de la Cámara en el momento de emitir su voto", señala el informe de los letrados, que considera que si se atendiese las peticiones de PP y Vox, supondría dejar "sin efectos" la primera votación, en la que hubo más "síes" que "noes" y se proyectaría "de facto el resultado de la segunda sobre las dos". "Esta anulación de hecho de una votación carece de previsión reglamentaria y supondría ignorar la voluntad del Pleno", añade.