400 profesores de Derecho Internacional niegan sustento legal al 1-O

Rechazan que la doctrina de la ONU o la jurisprudencia comunitaria ampare la autodeterminación “ante los errores en la invocación del Derecho Internacional para dotar de fundamento jurídico a la ley del referéndum de autodeterminación”.

El 1-O no está en ningún caso amparado por la legislación internacional. Así lo han puesto de manifiesto, “ante los errores en la invocación del Derecho Internacional para dotar de fundamento jurídico a la ley del referéndum de autodeterminación”, 400 profesores de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, entre ellos casi medio centenar pertenecientes a universidades catalanas. En un manifiesto, los docentes recuerdan que, según la doctrina de las Naciones Unidas y la jurisprudencia internacional, el derecho de autodeterminación sólo contempla “un derecho a la independencia en el caso de los pueblos de los territorios coloniales o sometidos a subyugación, dominación o explotación extranjeras”.

“Como Cataluña no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido por el Derecho internacional -hacen hincapié-, el derecho de libre determinación no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia, como pretende el referéndum”.

“Nada en los Pactos Internacionales de 1966” ni en ningún otro tratado sobre derechos humanos ni en la jurisprudencia internacional “apunta a la consagración de un derecho de las comunidades territoriales infraestatales a pronunciarse sobre la independencia y separación del Estado”, subrayan.

Y aunque no puede excluirse un derecho de separación del Estado, continúan, este paso únicamente se contempla para aquellos territorios “cuya identidad étnica, religiosa, lingüística o cultural es perseguida reiteradamente por las instituciones centrales” o cuyos miembros sufren una “discriminación grave y sistemática en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, de forma que se produzcan violaciones generalizadas de los derechos humanos”.

Al mismo tiempo, recuerdan que aunque las normas generales del Derecho Internacional no prohíben que los estados incluyan en sus ordenamientos jurídicos procedimientos de separación de una parte de sus territorios, “la inmensa mayoría, lejos de hacerlo, proclaman la unidad e integridad territorial como principios básicos de su orden constitucional”.

El comunicado también trae a colación que la Unión Europea exige a sus miembros “que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación por los tribunales”.