Abren diligencias contra la exdirectora del Instituto de la Mujer con el PSOE por contratos públicos que le adjudicaron

El Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad valenciana de Mislata ha abierto diligencias previas para investigar a la exdirectora del Instituto de la Mujer Isabel Sánchez y a su pareja, Elisabeth García Busnadiego, que fue asesora del PSOE, por haberse beneficiado presuntamente de, al menos, 64 contratos de administración socialistas por un valor de 250.000 euros para la gestión de los puntos violeta.

Algunas de las adjudicaciones les fueron concedidas mientras una era cargo público y la otra, personal de confianza, respectivamente. En este nuevo auto el Juzgado valenciano lo ratifica: "Parece ser que podrían haberse obtenido contratos compartidos con las responsabilidades de cargo público y gestión privada".

Este tribunal les investiga por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público, después de que les denunciase el sindicato Manos Limpias, apoyándose en informaciones publicadas en prensa y documentos de acceso público.

El juez admite que la información aportada por la organización de Miguel Bernad en su denuncia "podrían sustentar las irregularidades". Ya que, señala en el auto, incluye datos sobre "los nombramientos y ceses de los cargos políticos que parecen haber ostentado las denunciadas" en base a "publicaciones de los Boletines Oficiales".

También se documenta en la acción penal "la realidad de la adjudicación de contratos publicados en los registros de las Administraciones locales" referente a estas más de 60 concesiones señaladas como irregulares por Manos Limpias, y la existencia misma de las mercantiles de las que Isabel García y Elisabeth García habrían sido administradoras y a través de ellas "habrían sido adjudicatarias de los contratos en cuestión", entre 2022 y hasta este mismo año.

Este tribunal revela, además, que le consta "lo que pareciera ser una fotografía de un atestado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que podrían estar investigando la falsedad denunciada", pero, advierte, de que hasta el momento no es consciente de que haya otra investigación judicial abierta sobre alguna de las adjudicaciones que recibió esta pareja vinculada al PSOE.

Al presumirse que los hechos habrían sido "cometidos en diversos partidos judiciales no solo de la Comunidad Valenciana sino también de Madrid y Guipúzcoa al menos", resulta procedente para el juez dar audiencia a la Fiscalía a fin de que informe sobre la competencia territorial para continuar -dónde se considere procedente- con estas diligencias previas.

Rechaza, en cualquier caso, que se desgaje la investigación en varias causas en distintos tribunales del país ya que la "continencia y unidad debe ser respetada, pues su comprensión y coherencia delictual se vería afectada de ser los hechos investigados por separado, a la vista de la conexidad de todos ellos como posibles constitutivos de una conducta continuada".

El juez Antonio Baños rechaza, como pretendía Manos Limpias, la toma de declaración de las denunciadas, pues resuelve que antes deberán comprobarse los hechos y su posible carácter delictual por los cuerpos policiales "a la vista de la magnitud objetiva y territorial de los hechos a investigar".

Como diligencias, ordena librar oficio a la Policía Judicial de Valencia para que investigue la adjudicación de los contratos denunciados, además de la citada comunicación al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia judicial territorial para la indagación de si hubo algún delito en estas actuaciones de la antigua directora del organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, ya con la actual ministra Isabel Redondo al frente, y su pareja.

A ellas les comunica la existencia de la denuncia, pero no las cita ni las hace partícipes de las actuaciones que de momento se practiquen en la instrucción al no estar aún constituido totalmente el procedimiento.