Unanimidad en el CGPJ: los jueces no deben acudir a las comisiones aunque se les advierta de consecuencias penales

Es algo muy pocas veces visto. Por unanimidad, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una declaración en la que confirma que los jueces no deben comparecer ante las comisiones de investigación parlamentarias, incluso si se les advierte de que serán objeto de acciones penales.

"En el supuesto de que, a pesar de lo anterior, los jueces y magistrados fueran llamados a declarar ante las repetidas comisiones de investigación sobre asuntos en los que hayan o estén interviniendo en su condición de tales, incluso bajo la advertencia de que pudieran incurrir en responsabilidad penal si no comparecieran, no tendrán la obligación de atender el requerimiento que se les envíe a tal efecto, no deberán comparecer en ellas y el Consejo General del Poder Judicial, tampoco, autorizará comisiones de servicios por tal motivo", señala la declaración.

En consonancia con esto, ha pedido al Congreso de los Diputados que "se abstengan de citar a jueces y magistrados" para declarar y recuerda que los jueces y magistrados no podrán revelar por ningún medio los "hechos o circunstancias de las que hubieren tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional". Asimismo, quienes sean citados, deberán informar de forma inmediata a la Comisión Permanente del Consejo, remitiendo una copia de la citación.

En el texto aprobado también se indica que el órgano de gobierno de los jueces no "autorizará comisiones de servicios por tal motivo", es decir, para que acudan a estas instancias.

En su último punto, la declaración indica que "cada poder ha de circunscribir su actuación a su ámbito respectivo" y por ello hace un llamamiento para que "se proceda cuanto antes a la renovación de este Consejo" para poner fin a la "anomalía constitucional en la que nos encontramos, cuya duración ha rebasado con crecer el límite de lo tolerable", concluye.

De este modo, ha salido adelante la propuesta que plantearon nueve vocales la semana pasada, que solicitaron que en el Pleno ordinario de hoy se acordara una declaración institucional firme y clara sobre la legalidad de las comisiones de investigación que se crearon en el acuerdo de investidura sellado por Junts y PSOE, bajo la premisa de que en España se han producido casos de "lawfare", es decir, de uso de los órganos jurisdiccionales con fines políticos en contra del independentismo.

El contenido del acuerdo unánime se va a enviar a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la Red Europea de Consejos de Justicia.