Adif suspende a sus trabajadores detenidos por malversación en las obras del AVE a Barcelona

Adif, por "instrucción"de la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha suspendido provisionalmente de sus responsabilidades y funciones a los trabajadores del ente público detenidos en el marco de la investigación abierta por una supuesta malversación de fondos en una obra del AVE en Cataluña contratada en 2008.

Adif, por "instrucción"de la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha suspendido provisionalmente de sus responsabilidades y funciones a los trabajadores del ente público que han sido detenidos en el marco de la investigación abierta por una supuesta malversación de fondos en una obra del AVE en Cataluña contratada en 2008, según informaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Fomento.

El Departamento que dirige Pastor considera que, "sin perjuicio de la presunción de inocencia", lo "más adecuado"es apartar de sus funciones a los detenidos, "dada la gravedad de los hechos investigados"y hasta que se "esclarezcan".

Las mismas fuentes, recordaron que tanto el Ministerio como Adif llevan casi un año, desde junio de 2013, colaborando con la investigación judicial abierta por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona sobre supuestas irregularidades en unas obras del AVE.

Además, Fomento y la empresa pública encargada de la promoción y gestión de las infraestructuras ferroviarias reiteraron su "compromiso con la transparencia y la honorabilidad en la gestión pública".

La actuación policial, que daba comienzo esta mañana, se ha saldado con la detención, por parte de la Guardia Civil, de nueve personas, entre ellas un responsable de obras de Adif y el director de la línea de Alta Velocidad noroeste, acusados de falsear mediciones en obras del AVE entre Madrid y Barcelona para generar un sobreprecio y ganar ilícitamente unos 6 millones de euros.

Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, entre los detenidos en la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, figuran un responsable de obras de Adif, Jaime G.G., que tenía a su cargo las obras bajo sospecha, y el director de la línea de alta velocidad en la zona noroeste, Rafael R., además del delegado en Barcelona de la adjudicataria, Corsán, Marino V.

En la operación, que parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción de enero pasado, se investiga si directivos de la contratista Corsán se concertaron con cualificados funcionarios públicos del gestor de infraestructuras Adif, que se encargaban de las obras, así como con técnicos externos, para beneficiar económicamente a la sociedad en perjuicio de los fondos públicos.

Por su parte, Adif ha asegurado que, "por la documentación solicitada, la causa parece estar relacionada con la actuación presuntamente incorrecta de empleados de Adif, en connivencia con alguna empresa constructora, en relación con unas obras de plataforma de alta velocidad que fueron adjudicadas en febrero de 2008 y finalizadas en noviembre de 2011. Adif viene colaborando desde junio del pasado año con la investigación judicial abierta, ya que es la primera interesada en su esclarecimiento".

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los detenidos alteraron de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos realizados en las obras, falsearon posteriormente las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado. Con este mecanismo, la Anticorrupción estima que los detenidos generaron un sobreprecio ilícito en beneficio de la contratista de unos 6 millones de euros.

La Fiscalía también investiga si la propia adjudicación de la obra a la contratista -que se incardina en el proyecto del tramo del AVE entre Madrid y Barcelona-, pudo presentar irregularidades.

Los funcionarios de Adif implicados podrían haber recibido contraprestaciones económicas por su conducta ilícita, ordenadas por un directivo de la contratista, según la sospecha de la Fiscalía.

Por este motivo, los detenidos están acusados, entre otros, de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad documental.

En la operación se han practicado en total once registros domiciliarios, de los que seis corresponden a diversas sedes sociales de la contratista Corsan en Barcelona y Madrid, de la consultora técnica externa que asiste a la dirección de obra y de la empresa pública Adif, en Barcelona y Madrid.

Además, también se han registrado cinco domicilios particulares, de los principales implicados.

En la sede de Adif en la Sagrera, un vetusto edificio situado frente a las obras de lo que será la nueva gran estación del AVE en Barcelona, la Guardia Civil ha irrumpido a primera hora de la mañana, en búsqueda de documentos y expedientes sobre las obras bajo sospecha, con la previsión de permanecer en el local al menos hasta media tarde.

La mayoría de los trabajadores que se encontraban en el edificio de Adif en la Sagrera han sido invitados a marchar por los agentes del instituto armado, si bien algunos se han quedado, ya que podían colaborar en la investigación mostrando documentos y facilitando el acceso a ordenadores, según fuentes del caso consultadas por Efe.

En los registros, los agentes buscan los documentos en los que supuestamente se prepararon los artificios para falsear las mediciones técnicas y disimular después el falseamiento, según la fiscalía.

Los agentes también están tratando de localizar los documentos oficiales en los que se plasman estos proyectos, que tendrían que haber elaborado los funcionarios de Adif imputados, ante la sospecha de que no se incorporaron al expediente administrativo de las obras, que ya se halla en fase de liquidación final.

Además, los agentes buscan documentos que puedan revelar posibles dádivas económicas en favor de funcionarios de Adif, diferentes de las que ya obran en la causa hasta el momento.

La investigación, que está bajo el secreto del sumario por orden del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, parte de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona el pasado mes de enero, tras ocho meses de indagaciones.