Alaya abre una nueva causa contra la Junta por avales a empresas

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha abierto una nueva causa contra la Junta de Andalucía, tras una denuncia del PP andaluz y derivada del caso de los ERE, por los avales concedidos desde 2009 a empresas, y ha imputado a cuatro ex altos cargos de la administración andaluza. En un auto dictado el día 24 de febrero, al que ha tenido acceso Efe, la juez explica que abre la nueva causa para dar un "adecuado impulso procesal"tras la información que recibió relativa a los avales concedidos por la Junta a empresas en el caso de los ERE.

Fuentes del PP han destacado que la importancia de esta causa es que, a diferencia de los ERE, todas las ayudas concedidas de más de 1,2 millones de euros fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y los acuerdos fueron publicados en el Boletín Oficial (BOJA). Este dato permite "intuir"que la investigación se dirige a la cúspide de la pirámide de la Junta de Andalucía: el Consejo de Gobierno, subraya el PP.

La juez ha imputado por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos al exconsejero de Innovación Martín Soler; al viceconsejero del mismo departamento Jesús María Rodríguez; al ex director general de la empresa pública IDEA Jacinto Cañete, y al secretario general de Innovación, Juan Francisco Sánchez, que han sido citados a declarar entre 5 y el 8 de mayo y están imputados también en el caso de los ERE.

Alaya ordena a la Intervención General del Estado una prueba pericial sobre las ayudas de salvamento, reestructuración y temporales concedidas a las empresas según una orden de 5 de noviembre de 2008 y otras sucesivas.

La prueba pericial pretende conocer si fue ilegal y produjo menoscabo en los fondos públicos lo ocurrido en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en 2009, cuando se concedieron avales o créditos por 71,2 millones cuando el límite eran 18 millones.

En este sentido, pide analizar el acuerdo de Consejo de Gobierno del 14 de octubre de 2008 "y las alegaciones que a tal efecto realizó el que fuera director de la Agencia, Jacinto Cañete".

También pretende conocer si los avales fueron comunicados a la Consejería de Hacienda y si eran autorizadas por el consejo rector de IDEA, el Consejo de Gobierno y la Comisión Europea, así como el montante de los fondos públicos recuperados y si la Junta ha sido activa o no a la hora de recuperar los avales.

Además, quiere conocer si las garantías prestadas y las comprobaciones de idoneidad de los avales fueron las necesarias "o pudieron en algún caso encubrir meras liberalidades".

Alaya pide indagar si las empresas recibieron también ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo por si se ha producido un incumplimiento del principio de ayuda única, y requiere a la propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno y el acuerdo de junio de 2010 por el que se ratificaron los avales concedidos en 2008 y 2009 y las actas de la comisión de viceconsejeros previa a estos acuerdos.

También solicita propuestas, anteproyectos y proyectos de presupuestos de la Consejería de Innovación e IDEA y las modificaciones presupuestarias para incrementar el crédito presupuestario inicial en la consejería.

A la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la juez le encomienda un atestado para analizar si puede existir delito por conceder en 2009 avales que superaban cuatro veces el techo presupuestario y se financiaron con transferencias de financiación de capital por parte de la Consejería de Innovación, o también por no perseguir su reintegro mediante la Agencia Tributaria.

En el atestado que encarga a la UCO, la juez quiere conocer si "la concesión o gestión ilícita puede o no extenderse a los avales y préstamos concedidos por la Agencia Idea con anterioridad a esta línea de ayudas y al margen del programa 31L de la Consejería de Empleo", un programa que el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, denominó "fondo de reptiles".

La instructora ha emprendido la nueva investigación cuando ha logrado una plaza en la Audiencia de Sevilla y está pendiente de que el Consejo General del Poder Judicial le comunique si se acepta una prórroga que ha pedido para concluir otras macrocausas que investiga, como los ERE o los cursos de formación, que también afectan a la Junta de Andalucía.