Financiación autonómica
Andalucía pide formalmente a Rajoy que reúna a la Conferencia de Presidentes
La Junta ha pedido "formalmente"al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la celebración de una Conferencia de Presidentes Autonómicos para debatir un nuevo sistema de financiación autonómica.
La Junta de Andalucía ha pedido "formalmente"al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la celebración de una Conferencia de Presidentes Autonómicos para debatir un nuevo sistema de financiación autonómica, una demanda que que -según ha precisado- es un "clamor"entre las autonomías.
Así lo ha avanzado hoy en declaraciones a los periodistas el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, que ha confirmado que Junta ha solicitado "formalmente"a Mariano Rajoy la reunión de los presidentes autonómicos.
El consejero ha dicho que incluso "varias"comunidades lideradas por el PP tampoco están de acuerdo con el modelo actual de financiación de las autonomías y que, por tanto, "como no estamos solos, el clamor de las autonomías empieza a ser ya muy grande".
Ha insistido en la idea de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "está sumando fuerzas y tratando de aunar comunidades para marcar la pauta en España".
Después de apostar por otro modelo, ha sostenido que cuando se trata de financiación autonómica "Andalucía tiene que estar presente por su peso poblacional, por su peso económico y por su importancia política".
"La presidenta está marcando el camino y la necesidad de que el presidente del Gobierno haga con urgencia una reunión de los presidentes de las comunidades autónomas y se discuta un marco que a nadie satisface", ha advertido Jiménez Barrios.
La Junta rechaza la imposición de nuevos recortes y que las comunidades son la base del Estado de Bienestar, por lo que reclama un nuevo sistema de financiación que garantice los servicios básicos en todas las autonomías.
Esgrime, además, que el actual modelo de financiación "se aplica de forma incorrecta"y ha supuesto una merma económica para las arcas regionales de 2.800 millones de euros en los últimos tres años, una "asfixia"que "pone en peligro el Estado del Bienestar".
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