Anticorrupción rechaza la prisión y la retirada del pasaporte a Rato

La Fiscalía Anticorrupción no ve motivos para acordar la prisión provisional de Rodrigo Rato en el «caso Bankia» y tampoco juzga necesario retirar al ex ministro su pasaporte y prohibirle salir de España, como pedía UPyD, que ejerce la acusación popular en el proceso. Para el fiscal Alejandro Luzón no existe ni riesgo de fuga, ni de reiteración delictiva ni de destrucción de pruebas que justifiquen la adopción de las medidas cautelares solicitadas, aunque según fuentes jurídicas abre la puerta a que se puedan solicitar en la causa abierta contra Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y apropiación indebida por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Por contra, en el «caso Bankia» –en el que Rato está imputado por varios delitos societarios por las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad– Anticorrupción no entiende que haya nuevos indicios que amparen ni la prisión provisional del imputado ni la retirada de su pasaporte y así se lo ha hecho saber al instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en un escrito remitido al magistrado ayer mismo.

De esta forma, la Fiscalía reitera la opinión ya expresada en diciembre pasado, cuando UPyD solicitó el ingreso en prisión del ex presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en este mismo procedimiento. En esta ocasión, sin embargo, el abogado de UPyD, Andrés Herzog, número dos de la formación magenta, no pedía expresamente esa misma medida –aunque sí instaba al juez a reconsiderar su negativa «a la vista de las nuevas circunstancias»– y se limitaba a solicitar que se retirase el pasaporte al ex vicepresidente del Gobierno y se le prohibiese salir al extranjero sin autorización judicial «para garantizar el buen término del procedimiento y la eventual ejecución de las responsabilidades personales y patrimoniales» a las que deba hacer frente Rato. UPyD planteó la medida tras el tercer viaje a Suiza en seis meses del ex ministro. «No parece razonable que una persona imputada por graves delitos de índole societario y patrimonial pueda viajar libremente por todo el mundo», argumentaba el letrado.

Por otro lado, el titular de Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, remitió ayer al juez Andreu una copia de la causa para poner en marcha la tramitación de la inhibición en favor de la Audiencia Nacional, a la que se opone la Fiscalía Anticorrupción. Aunque el magistrado continuará instruyendo el procedimiento hasta que se resuelva a quién corresponde la competencia, ahora será la Sección número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid la encargada de resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra su decisión de inhibirse de la causa. Como anunció la propia fiscal general del Estado, el Ministerio Público no aprecia por ahora ninguna conexidad con el «caso Bankia» que justifique que el asunto no se investigue en los juzgados ordinarios de Madrid.

Aunque es finalmente Anticorrupción la encargada del «caso Rato», fue la Fiscalía de Madrid la que, en un principio, pidió al juez que autorizara de urgencia el registro del domicilio y el despacho del ex ministro para evitar que Rato se deshiciera de sus propiedades, informa Ep.

A la espera de la evolución de la investigación tras las diligencias solicitadas por la Fiscalía, Rato estará hoy seguro de la Audiencia Nacional, donde la Sección Tercera de la Sala de lo Penal revisará la fianza civil de 800 millones de euros impuesta por Andreu a la ex cúpula de la entidad, Rato incluido (le corresponde hacer frente a 133,3 millones).

La semana negra de Rato

- Detención y registro. El pasado jueves, Rato era detenido mientras los agentes procedían al registro de su casa y despacho a instancias de la Fiscalía, que le investiga por delitos fiscales y blanqueo.

- Inhibición del juez. El titular del juzgado número 31 de Madrid anunció horas después que se inhibía del caso en favor del juez Fernando Andreu al apreciar conexidad con el «caso Bankia».

- Recurso de la Fiscalía. Anticorrupción ha recurrido esa decisión y defiende que es el juez Serrano-Artal, y no Andreu, el que debe investigar los hechos. Decidirá la Audiencia Provincial de Madrid.