Aval a la querella contra Mas por el 9-N

La Fiscalía presentará esta semana la querella contra Mas y dos de sus consejeros por los actos del 9N, tras el apoyo de la cúpula de la carrera fiscal a Torres-Dulce. El fiscal general del Estado había presentado una querella contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones por su papel en el proceso participativo del 9N.

Un «apoyo institucional, jurídico, pero también personal», fue el que recibió ayer el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de la Junta de Fiscales de Sala, expresado en el respaldo prácticamente unánime a su propuesta de presentar en los próximos días una querella contra Artur Mas, la vicepresidenta del Parlamento catalán, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos, en principio, de desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos, y usurpación de funciones, en relación con los actos celebrados relacionados con la consulta que se llevó a cabo el 9-N en Cataluña, pese que a los actos fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional. Tal como expresó uno de los asistentes a LA RAZÓN, «ha sido un cierre de filas en torno al fiscal general», quien sale reforzado ante la negativa del Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, de no acatar la orden de iniciar acciones legales contra el presidente de la Generalitat. De esta forma, Torres-Dulce reiterará a Romero de Tejada la orden para que presente la querella contra Mas por el «llamado proceso de participación ciudadana del pasado 9 de noviembre» en Cataluña. El fiscal Superior de Cataluña, en cambio, queda en una difícil situación, ya que tendrá que acatar «por imperativo legal» esa orden o renunciar al cargo.

En concreto, de los 24 asistentes, además del propio fiscal general, sólo dos de ellos, el fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Pedro Crespo, y el de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, se mostraron contrarios a la propuesta de la tesis de Torres-Dulce. Vargas esgrimió sobre todo «razones procesales», al entender que el criterio del Ministerio Público debía expresarse en las denuncias que ya se han presentado por estos hechos; mientras que Crespo argumentó que no podía tipificarse lo sucedido el 9-N como delito de desobediencia porque el Tribunal Constitucional no es exactamente un tribunal integrado en el Poder Judicial y, por tanto, existían dudas de si sus resoluciones son directamente ejecutables.

Ninguno de los integrantes de la Carrera Fiscal avaló los argumentos de la Fiscalía de Cataluña, para no actuar contra Mas, mientras que, en cambio, respaldaron el criterio, los argumentos jurídicos, del fiscal general del Estado, quien había presentado en un borrador los argumentos jurídicos, que concluía que Mas, Rigau y Ortega debían responder por la presunta comisión de los citados cuatro delitos. Ahora, la querella será redactada por la Secretaría General Técnica, con las instrucciones y criterios del fiscal general, con «las precisiones de carácter técnico realizadas durante la reunión» de ayer, y será remitida a la Fiscalía de Cataluña, que será quien formalmente la tenga que presentar ante el TSJ de Cataluña.

En el debate de ayer, según las fuentes consultadas por este periódico, no planeó en ningún momento el «componente político» de la situación que se vive en Cataluña, sino que se centró en analizar los motivos de la Fiscalía de Cataluña para no acatar la orden del fiscal general. La conclusión fue que esa orden de Torres-Dulce era «razonable, perfectamente legal y debía cumplirse».

Donde no hubo unanimidad fue a la hora de considerar si la querella debe incluir o no esos cuatro delitos. Así, mientras que respecto al delito de desobediencia, los 22 fiscales de Sala que respaldaron a Torres-Dulce mostraron su conformidad en que había claros indicios de la comisión del mismo, al igual que en el de prevaricación, no existió tal consenso en lo que se refiere a la malversación de caudales y a la usurpación de funciones. Incluir estos delitos en la querella fue respaldado por la mitad de la Junta. Así, algunos defendieron que sería positivo esperar la finalización de las diligencias abiertas por la Fiscalía de Cataluña respecto al uso de colegios y demás locales públicos, antes de decidir si la querella se formula también por malversación, mientras que el delito de usurpación de funciones, lo vieron de difícil encaje.