Barkos exalta a las «víctimas de la Policía y la ultraderecha»

Dignidad y Justicia pide prohibir un homenaje en el que se iguala a los agentes con etarras.

Dignidad y Justicia (DyJ) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) reclaman a la Audiencia Nacional que prohíba el homenaje a las «víctimas» de la violencia policial y de la ultra derecha que el Gobierno navarro tiene previsto celebrar el próximo viernes. Para la asociación que preside Daniel Portero y el sindicato policial denunciantes se trata de «un acto que iguala a los policías con los asesinos de ETA» que intenta equiparar «a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los grupos violentos de extrema derecha», con el que se trata de expulsar del País Vasco y Navarra a los agentes, «una de las reclamaciones históricas de la organización terrorista ETA».

Así consta en la denuncia remitida ayer mismo a la Audiencia Nacional por DyJ y el SPP, que insta a la Audiencia a impedir que se celebre un acto que el Gobierno navarro, a través de su presidenta, Uxue Barkos (Geroa Bai), define como de «reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos». Un homenaje que se celebrará en Pamplona, en el claustro isabelino del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra.

La asociación que preside Daniel Portero se queja en su denuncia de que la intención del Ejecutivo navarro no es otra que «pretender asemejar los asesinatos de la banda terrorista con las represiones violentas de índole política». Asimismo, sostiene que con este homenaje se humilla a las víctimas del terrorismo «equiparándolas con asesinos que perdieron la vida en enfrentamientos armados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». Tratando así, añade, de «reescribir la historia y equiparar a víctimas y verdugos», deslegitimando la presencia de la Policía y la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra.

DyJ y el sindicato policial creen que, de celebrarse el polémico acto, se estaría cometiendo un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, por lo que reclama a la Audiencia Nacional que impida que se lleve a cabo o, en su defecto, que inste a los agentes a que eviten que se produzcan «acciones coercitivas» contra las Fuerzas de Seguridad o actos de humillación a las víctimas del terrorismo.