Besteiro adjudicó 28 contratos a familiares de la jefa de gabinete de un alcalde del PSOE

Las adjudicaciones tuvieron lugar entre 2008 y 2012 y superaron los 140.000 euros

La red de la «operación Pulpo» parece que tenía no pocos tentáculos. La adjudicación de contratos de transporte a un mismo empresario, cuantiosos «gastos sociales» que, a juicio de la instructora son «de dudosa legalidad». Y, a todo ello, ahora se añade que «curiosamente» la empresa de la madre y del hermano de quien fue jefa del gabinete de José López Orozco, alcalde de Lugo desde 1995 a junio de 2015, en que se vio obligado a dimitir tras su imputación en el «caso Pokemon», también resultó agraciada con la concesión de 28 contratos entre los años 2008 y 2012, cuando Besteiro estaba al frente de la Diputación lucense y Orozco ostentaba el bastón de mando del Consistorio de la capital.

Así lo hace constar la UDEF en un informe de junio de 2015, donde se analizaba la documentación incautada en el registro efectuado en la sede de la Diputación, aportado al sumario del procedimiento que instruye la juez a Pilar Lara. En concreto, se trata de la empresa Topología de RED, S. L., en la que figuraban como administradores solidarios Carmen I. M. y Rafael P. I., a la sazón madre y hermano de Susana P. I., la cual fue, hasta el año 2009, responsable del gabinete de comunicación del Concello de Lugo, «instante en el que pasó a desempeñar un puesto como jefa de gabinete del alcalde de Lugo, José Orozco López». Esa sociedad tenía como objeto social la «prestación de a empresas y organismos de servicios técnicos de ingeniería, topografía y deliberación, incluyendo entre estos servicios el de alquiler de instrumentos topográficos, producción y desarrollo de programas informáticos».

Como resumen, la UDEF señala que, entre los años 2008 y 2012, la Diputación de Lugo adjudicó a esa empresa 28 contratos menores, por un importe total de 142.118.02 euros. Esos «contratos menores» se pueden adjudicar «directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria», y la tramitación del expediente sólo requerirá «la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente». El límite para esos contratos menores está en 50.000 euros para realizar la contratación de obras, y 18.000 para los suministros y servicios, siendo necesario que, en caso de superar dicha cantidad, la contratación por medios de otros procedimientos legales, «como el negociado con o sin publicidad o el procedimiento abierto».

Sobre este aspecto, los investigadores encargados del caso llaman la atención acerca que muchos de los contratos adjudicados a la mencionada empresa estaban en el límite de los 18.000 euros, «dándose en algunos de ellos una cierta coincidencia en el tiempo, así como en el objeto del contrato, lo que podría considerarse fraccionamiento del contrato, con el fin de eludir la licitación negociada».