Bolinaga no ha seguido ningún tratamiento para enfermos en fase terminal

El fiscal Pedro Rubira ha insistido hoy en reclamar un nuevo dictamen sobre Iosu Uribetxeberria Bolinaga en el que se especifique su pronóstico vital, después de que los forenses que han emitido el último informe sobre su estado hayan reconocido que ese cálculo puede hacerlo con mayor exactitud un experto en oncología.

Rubira ha hecho esta solicitud al juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, durante la comparecencia en la que los dos forenses del Instituto de Medicina Legal adscrito a la Audiencia Nacional, Vidal Santos y Leonor Ladrón de Guevara, han dado explicaciones acerca de las conclusiones a las que llegaron en su informe: que el estado de salud del etarra ha empeorado y que es desaconsejable que sea tratado en prisión.

Durante esta comparecencia, que se ha prolongado más de dos horas y a la que también ha asistido la abogada de Bolinaga, Ainhoa Baglietto, los dos forenses han reconocido, tal y como plasmaron en su informe, que emitieron su dictamen sin examinar al etarra, han informado a Efe fuentes presentes en esta diligencia.

Los forenses han recordado, tal y como ya señalaban en su informe, que para elaborar su dictamen pidieron permiso a Bolinaga para asistir a una consulta que tenía fijada el pasado septiembre con el equipo oncológico del Hospital Donostia, en el que está siendo tratado del cáncer renal que padece.

Tras asistir a ese reconocimiento y después de revisar su historial clínico hasta esa fecha, los forenses indicaron en su informe que, tras un periodo de "estancamiento", Bolinaga había sufrido un empeoramiento, por lo que "se mantiene la situación de enfermedad grave e incurable", no siendo "previsible el óbito"en los próximos tres o cuatro meses "salvo complicaciones".

A este respecto, Rubira les ha preguntado en qué se basaban para dar ese pronóstico a lo que le han explicado que en los datos recabados en el Hospital, aunque han reconocido que ese cálculo lo puede hacer con mayor precisión un experto en oncología, según las citadas fuentes.

Por su parte, la abogada de Bolinaga, al ser preguntada por los periodistas cómo había ido la vista, se ha limitado a responder: "Como tenía que ir".

Castro acordó esta comparecencia después de que Rubira pidiera el pasado 25 de octubre una ampliación de ese último informe para aclarar "el cálculo de pronóstico vital actualizado"de Bolinaga, en libertad condicional desde el 30 de agosto de 2012.

A su juicio, el dictamen de estos dos forenses adolece de "ambigüedad e imprecisión"porque, mientras se dice que el paciente ha empeorado, se da un periodo vital de supervivencia superior a tres o cuatro meses "sin explicar los datos objetivos"en los que se basan.

"No parece, pues, que los médicos forenses firmantes hayan cumplido con exactitud la decisión judicial, ni que hayan llevado a cabo un examen, reconocimiento o exploración del penado", destacaba entonces Rubira, haciendo referencia a la negativa de Bolinaga a ser examinado por los forenses.

A todos estos argumentos, el fiscal añadía que a Bolinaga -quien cumplía condena por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara- nunca "se le ha administrado un tratamiento médico paliativo, específico para enfermos que se encuentran en fase terminal"y que a día de hoy "ningún informe clínico aportado señala que el liberado se encuentre en situación de peligro para su vida".

De hecho, el primer informe elaborado por la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena -emitido antes de que Castro otorgara al etarra la libertad condicional basándose en otros dictámenes-, señalaba que su vida no corría peligro inminente y que el cáncer que padecía podía tratarse en prisión.

La defensa de Bolinaga presentó un escrito unos días después en la Audiencia Nacional oponiéndose a la medida solicitada y Castro acordó el pasado 30 de octubre, en un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, celebrar la comparecencia para arrojar luz sobre la situación real del penado.

La Fiscalía se mostró muy crítica, en su informe del 25 de octubre, con el último examen médico realizado a Bolinaga por el Instituto de Medicina Legal. Tras recordar que el etarra ha superado «cualquier expectativa de vida calculada en los sucesivos informes médicos», el fiscal Rubira hacía hincapié en que «ningún informe clínico aportado señala que el liberado se encuentre en situación de peligro para su vida». Ni siquiera, añadía, se le había administrado hasta el momento un tratamiento médico «específico para los enfermos que se encuentran en fase terminal». Por todo ello, se quejaba de que los presupuestos médico-clínicos que sirvieron para acordar su libertad condicional «no eran lo suficientemente precisos».

El Ministerio Público consideraba ambiguo, impreciso e «insuficiente» el informe de los dos forenses –ahora convocados por el magistrado– el 15 de octubre (ya adelantado el 31 de julio) y, en consecuencia, reclamaba que se practicara a Bolinaga otro que esclarezca «cómo está evolucionando el cáncer pulmonar y cerebral» que padece el terrorista, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Una solicitud que la Fiscalía volverá a reiterar mañana al juez al margen de la comparecencia de los médicos que examinaron al penado.

Rubira aseguraba que, en su último examen, los dos forenses se limitaron a «hacer acto de presencia» en una revisión periódica a Bolinaga por parte del equipo médico encargado de su asistencia en San Sebastián. Lejos de precisar la evolución de la metástasis que padece, señalaba el fiscal, los forenses del Instituto de Medicina Legal describían los «efectos secundarios del tratamiento», algo que, según Rubira, «no tiene ninguna incidencia para la determinación del pronóstico vital del enfermo».

Finalmente, los forenses afirmaban que «no es previsible, salvo complicaciones, que el óbito se produzca en los próximos tres o cuatro meses», un dictamen que –se quejaba la Fiscalía– se adoptó «sin explicar los datos objetivos que permiten obtener esta conclusión». Por ello, Rubira pedía al juez que ordenara un informe ampliatorio que respondiera «con claridad a las cuestiones planteadas», asumiendo el mismo el Instituto de Medicina Legal o, en su defecto, especialistas en oncología del Colegio de Médicos de Madrid.