C’s presiona para que el consejero investigado salga de la Junta

La dirección nacional de Ciudadanos asegura que el pacto «está en peligro» si no hay cese

El discurso de la ausencia de investigados en el seno del Gobierno andaluz o en la bancada socialista del Parlamento cae por su peso. El diputado Carmelo Gómez se encuentra a las puertas de ser señalado por la Justicia. Y ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) citó a declarar como investigado el próximo 10 de mayo al consejero de Economía y Conocimiento, tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía en relación con su participación como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense (Centrius).

Se abre un doble frente para la Junta. Por un lado, el judicial. Por otro, el político. Según C’s, tiene la palabra de que Arellano «dimitirá si el TSJA lo declara investigado». El PP-A preguntó ayer a C’s si la citación como investigado de Arellano es motivo para retirarle su apoyo a Susana Díaz. C’s señala ahora que exigirá su cese si el juez le imputa un delito de corrupción política. Fuentes del partido naranja indicaron que la formación se «ciñe» a lo firmado en el pacto anticorrupción, en el que se recoge que no habrá ningún cargo público imputado por corrupción política. «En el momento que haya una imputación formal por un delito de corrupción política exigiremos el cumplimiento del pacto», subrayaron. Desde la dirección nacional del partido son más tajantes. El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, advirtió de que el pacto que tienen en Andalucía con el PSOE «puede estar en peligro» si el consejero no deja su cargo. Tras ello, el portavoz adjunto de C’s en el Parlamento, Sergio Romero, insistió en que cualquier imputado «por corrupción política» tiene «la obligación y el mandato» de abandonar su cargo.

La Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz ha citado a declarar como investigado el día 10 a las 10:00 al consejero, que goza de aforamiento, después de que el Ministerio Público le denunciara por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, señalaron fuentes judiciales. La citación se produce después de que el 12 de abril el TSJA dictara un auto en el que acordaba incoar diligencias previas contra el consejero tras la denuncia de la Fiscalía Superior, que abrió una investigación a raíz de la denuncia que interpuso el Colegio de Arquitectos de Sevilla. Cuando le pidieron explicaciones en el último Pleno a Arellano, comparó a la oposición con la Inquisición. El actual consejero y anteriormente rector y vicerrector de la Hispalense fue denunciado por un posible delito de prevaricación administrativa al entender el Colegio de Arquitectos de Sevilla que adjudicó de manera «arbitraria» la redacción del proyecto arquitectónico del edificio Centrius en septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras para una construcción de 25.800 metros cuadrados, presupuestado en 34 millones y subvencionado con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder. «Los hechos referidos podrían tener relevancia penal, por lo que han de ser investigados», zanjó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.