Imputan a Camps por la visita del Papa de 2006

También están denunciados el obispo auxiliar y hasta ocho personas más de la fundación.

La juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que desde 2016 investiga irregularidades en la visita del Papa en 2006, ha enviado una cédula de notificación a Francisco Camps y nueve personas más para poner en su conocimiento «la denuncia formulada contra ellos por la Fiscalía provincial de Valencia haciéndoles saber que se les tomará declaración en calidad de investigados una vez consten los autos e informes interesados por el Ministerio Fiscal».

Es decir, su señoría ha de valorar todos los autos e informes que han sido requeridos por la Fiscalía para decidir, en ese momento, si los cita a declarar. De ser esta su decisión -algo más que probable- los citaría en calidad de imputados para que pudieran personarse en la causa, tener conocimiento de las diligencias y acudir a declarar acompañados por sus abogados.

Además del expresidente Camps, se investiga también al arzobispo auxiliar Esteban Escudero, al exvicepresidente Víctor Campos; al expresidente de Les Corts, Juan Cotino. También a Francisco Javier Jiménez y Henar Molinero, al exsecretario del Arzobispado, Antonio Ramón Corbí y a Enrique Pérez Boada.

La posible imputación alcanza a los miembros del patronato de la Fundación que se constituyó para la visita del Papa.

Según explicó la defensa del expresidente Camps la contratación que se investiga es de 2006, mientras que la Fundación se constituye de forma privada en 2005. Su condición de privada la excluye de los condicionantes de la contratación pública, ya que la impulsora era la Iglesia, si bien en dicha Fundación participaron el Ayuntamiento, la Generalitat y la Diputación a partes iguales.

Siempre según las mismas fuentes, en 2007 cambia la ley de contratos de la administración pública y las contrataciones se han de someter a la ley de contrato, pero su vigencia se establece en verano de 2007, cuando los contratos ya están hechos y firmados desde hace un año, si bien no se han pagado. En 2016 un auditor señala que la Fundación es privada y lo envía a Fiscalía que inicia la investigación.