Casado creará un Ministerio de Familia

Tendrá competencias también en igualdad y en políticas para el «núcleo familiar» sin marginar a los modelos que no se ajusten al patrón tradicional.

La familia será uno de los temas estrella del programa electoral de Pablo Casado. Y, sin duda, que dará que hablar dentro de la pugna electoral entre el PP, Ciudadanos y Vox. El PP trabaja en la idea de incluir en sus compromisos programáticos la creación de un ministerio para la familia y el bienestar social, cuya función principal sería desarrollar una ley integral de apoyo familiar. Esto se puede interpretar como un guiño a la familia tradicional, pero en el PP precisan que en el concepto «familia» están «todos los modelos de familia, desde el punto de vista de considerarlos como un pilar básico social y económico». No es una idea nueva del PP, la defendió el hoy vicesecretario de Organización, Javier Maroto, en la etapa de Gobierno de Rajoy. Pero es que incluso el ex presidente del Gobierno llegó a comprometerse en 2008 a crear este ministerio si ganaba aquellas elecciones. No las ganó, pero sí en 2011, por mayoría absoluta, pero aquella promesa no la hizo efectiva ni en su primer mandato ni tampoco después de que fuera de nuevo la fuerza más votada en las generales de diciembre de 2015 y consiguiese ser investido tras la repetición electoral de junio de 2016.

La familia ha entrado de lleno en el debate electoral por la inercia del discurso de Vox. De hecho, ya fue un tema de controversia en la negociación entre PP y Ciudadanos, y PP y Vox. El partido de Santiago Abascal ha centrado su estrategia electoral en hacer suyas banderas como la defensa de España o de la familia tradicional y cristiana para ganarse así el favor de esa parte del electorado del PP más conservador y más alejado de la gestión de Rajoy. Pero es que además estas banderas también las ha intentado hacer suyas Ciudadanos. Claro que la irrupción de Vox ha escorado hacia la derecha el debate al haber abierto en canal el acuerdo sobre las leyes de igualdad aprobadas por unanimidad por los partidos con representación parlamentaria y haber fijado la defensa de la familia en su concepción más clásica. El PP tiene un sector de votantes que se identifica con estos postulados, pero no puede cerrarse a defender la familia en un sentido más amplio por razones electorales, pero también porque le generaría una crisis interna. Barones territoriales y dirigentes del núcleo duro de Génova no comparten esta idea, y como ejemplo basta citar los nombres del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o el de Maroto.

En la negociación del pacto de Andalucía, la exigencia de Vox de que hubiera una consejería de familia abrió una crisis importante, y, finalmente, esta demanda se quedó fuera del acuerdo. Ciudadanos defendió que ellos habían planteado al PP una Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Conciliación y Familia, figura que por cierto existe en Andalucía, Galicia y Castilla y León. Ahora, ante la redacción del programa de las generales de abril, el equipo que trabaja en las propuestas está perfilando un paquete de acciones dirigidas a beneficiar «al núcleo familiar como garantía de convivencia pacífica y de desarrollo integral de los hijos, soporte económico de la sociedad y de cohesión entre generaciones». El capítulo de la rebaja fiscal afectará especialmente al núcleo familiar, pero además de las ayudas económicas también incluirán actuaciones dirigidas a reducir el número de abortos, con la idea de que toda mujer que quiera ser madre pueda serlo sin sentirse condicionada por su situación económica o social.

Los populares tienen que buscar un medido equilibrio entre la defensa de la familia tradicional y no hacer de lado a otras formas de estructura familiar. Desde el nuevo PP recuerdan que España está a años luz de la Unión Europea en lo que a atención de la familia se refiere. Alemania, Rumanía, Austria, Luxemburgo, Bélgica o Francia ya han tenido gobiernos con ministerios o secretarías de Estado centradas en la familia. Desde Génova subrayan cómo en Europa «han sido capaces de darse cuenta de la importancia de la familia con independencia de la ideología de cada país o bien porque están de acuerdo con la idea de la familia como institución o porque simplemente son conscientes de las funciones sociales que cumple».

También sostienen que la voluntad política de un país para apoyar una determinada causa, como es la defensa de la familia, se mide en tres aspectos: el organismo que se crea para ello, que será mayor cuanta más importancia se le conceda al tema; en la potencia de las políticas presupuestarias que se le asignen; y en los planes, medidas y leyes que se desarrollen. Vox hace y seguirá haciendo campaña contra el PP utilizando precisamente el argumento de que nunca ha cumplido su programa ni sus promesas en esta materia, y que «ha desatendido por completo a la familia salvo para utilizarla como eslogan electoral». Este debate estará sin duda en la campaña de las generales, como lo estuvo en la de Andalucía, junto con la inmigración o la defensa España. Los mismos eslóganes que a Vox le funcionaron en la batalla andaluza y les permitió entrar en la Cámara autonómica.

Feijóo insta a esperar lo que diga el Constitucional sobre el aborto

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que el Partido Popular «ya se tiene pronunciado» sobre la actual ley del aborto
–aprobada en 2010 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– y recordó que ese asunto «está en el Tribunal Constitucional» a raíz de un recurso presentado entonces por su propio partido, por lo que apeló a «esperar» a lo que diga este órgano. En la comparecencia posterior a la reunión con su Ejecutivo, el líder autonómico fue preguntado por las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, en asuntos sobre la interrupción del embarazo y la violencia de género. «Entiendo que hay algunos temas que interesan al Partido Socialista y a la izquierda que forman parte del debate electoral, pero que no cuenten conmigo para entrar a ese trapo», aseveró. En este contexto, Feijóo dijo que le gustaría que en asuntos «tan complejos» y con tantos «planteamientos éticos» como el aborto debería «haber un gran consenso» como el alcanzado en 1985 con la primera ley que lo permitía.