Casi 800 millones en (re) votar

La repetición electoral supondrá un gasto extra para las arcas del Estado y paralizará la tramitación de leyes. Asuntos como la ley de dependencia o las pensiones necesitan respuestas urgentes.

Sintonizado el reloj hacia unas nuevas elecciones generales tras el bloque político, llega el momento de analizar las consecuencias económicas y legislativas que tendrá la repetición electoral. El desembolso para la organización de unos nuevos comicios en noviembre y las subvenciones que recibirán los partidos supondrán un gasto considerable y extra para las arcas del Estado pero aún mas costoso, aunque muy difícil de cuantificar, será la desconfianza e incertidumbre de los mercados en nuestra economía en un momento especialmente crítico.

La posibilidad de un Brexit duro sin acuerdo, la ralentización económica y la amenaza de que se agudice la crisis independentista en Cataluña tras la sentencia del «procés» a mediados de octubre serán gestionados por un gobierno en funciones y con las manos atadas. De hecho, si alto es el coste de organizar unas elecciones mayor es su efecto sobre la «marca España».

Coste económico

Con la calculadora en la mano, el gasto de los cuatro procesos electorales que se habrán celebrado desde 2015 – año en el que por primera vez en democracia fue imposible formar una mayoría estable– rondará los 730 millones. Según los cálculos efectuados por LA RAZÓN, la celebración de las tres citas anteriores tuvo un coste de 544 millones, repartidos entre la organización de los comicios y las subvenciones que recibieron los partidos. Entre los principales gastos en la puesta en marcha de una elección figuran el trabajo de Correos para distribuir el voto y la propaganda electoral; la impresión de papeletas y sobres y el despliegue de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por todo el territorio.

En cuanto a las subvenciones, por cada diputado o senador, los partidos se llevan 21.167 euros. Y todas las fuerzas reciben además 0,81 euros por cada voto en las listas al Congreso y otros 0,32 euros por cada voto al Senado. Además, a los partidos que consigan formar grupo parlamentario se les desembolsa otros 0,21 euros por elector. En total, desde el 2015, los partidos han recibido subvenciones por valor de más de 140 millones de euros, que seguirán aumentado en las elecciones de noviembre porque recibirán de nuevo esta subvención.

Parálisis legislativa

Más allá del coste económico, la repetición electoral también afecta al patrimonio legislativo del país, muy precario desde la irrupción del multipartidismo en comparación con las primeras legislaturas de la democracia en las que se alternaba el bipartidismo. En este sentido, la repetición electoral en 2016 hizo que ese año fuera el menos productivo de los últimas décadas: solo se aprobaron 37 iniciativas. Una tendencia que se mantuvo en 2017: el Congreso solo aprobó 13 leyes. Fue el año con menos leyes nuevas desde 1982. Solo en 2004 y 2008 –con siete y seis leyes, respectivamente–, cuando ganó José Luis Rodríguez Zapatero, España vivió años legislativos más pobres. Por su parte, 2018 se saldó con 16 y en el año en curso solo se han aprobado ocho, la última en el mes de marzo en la anterior legislatura. De hecho, la actual podría cerrarse en blanco, sin contar los diez decretos leyes aprobados por el Gobierno. Con la disolución de las Cortes automáticamente mueren las leyes que estén en trámite así como las comisiones de investigación formadas durante estos casi casi cuatro meses. Entre las leyes que volverán al cajón está la proposición de ley del PSOE para la despenalización de la eutanasia que pasó la semana pasada su primer trámite parlamentario al ser aprobada por el Congreso su toma en consideración. Sin embargo, su recorrido ha sido corto, ya que con el adelanto electoral, la iniciativa decae al igual que ocurrió con la propuesta casi idéntica debatida en 2018. Otro ejemplo es la comisión para investigar el accidente de Spanair. Tras su recién reapertura para poder culminar el trabajo iniciado en la pasada legislatura sobre las causas que ocasionaron la tragedia del 20 de agosto de 2008, la comisión decaerá de nuevo como ya sucedió en febrero tras el anuncio de las elecciones anticipadas de abril.

Además, hay otros asuntos de interés social que seguirán sin resolverse pese a su urgente necesidad. La ley de dependencia, la actualización de las pensiones, la reforma del Código Penal o medidas para revertir la despoblación en la «España vaciada» volverán al cajón. También está por resolver las peticiones de todas las comunidades autónomas para lograr el desbloqueo de 5.000 millones de euros del sistema de financiación autonómico que siguen congelados. Asimismo, la deuda está disparada, el consumo se resiente y las cifras del paro alertan del deterioro del mercado laboral. Todo ello en medio de un clima reciente de incertidumbre internacional.

Bloqueo instituciones

Además, este nuevo estancamiento sigue repercutiendo en el nombramiento de órganos de las instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros están en funciones desde diciembre, o la dirección del Centro Nacional de Inteligencia, después de que en julio concluyese el mandato de Félix Sanz Roldán tras diez años de servicio. Son algunas de las consecuencias de que España siga encharcada en el limbo de un gobierno a medio gas. Afortunadamente, hay materias relacionadas con la gestión que competen a la Unión Europea y a las comunidades autónomas que sí están legislando y evitando el bloqueo total de un país que, no obstante, seguirá sumido en la parálisis hasta 2020 por lo menos, siempre y cuando no se repita el mismo resultado electoral que el pasado 28 de abril.