Política

Cataluña cobrará el euro por receta pese a la suspensión del TC

El Tribunal deja sin efecto la medida durante cinco meses. La Generalitat ya ha recaudado 45,7 millones

Artur Mas presidió ayer la reunión semanal del ejecutivo autonómico
Artur Mas presidió ayer la reunión semanal del ejecutivo autonómico

La Generalitat de Cataluña halló ayer en la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender el euro por receta un pretexto perfecto para dar cuerda a su discurso victimista. «Un día nos dirán que está prohibido respirar en catalán», afirmó el portavoz de la Generalitat y consejero de la Presidencia, Francesc Homs, ignorando que el TC hará lo mismo con el recurso presentado por el Gobierno contra la Comunidad de Madrid, que también aplica esta medida de copago sanitario. En todo caso, la Generalitat subrayó que seguirá cobrando el euro por receta mientras no reciba una confirmación oficial del TC.

La admisión a trámite del recurso del Gobierno supone la suspensión cautelar de la medida durante al menos de cinco meses, tiempo durante el cual la Generalitat podrá presentar alegaciones. A lo largo de este período, el Constitucional debe decidir si prolonga la suspensión de la medida o si, por el contrario, la levanta.

Las farmacias, por su parte, aseguraron que este copago se puede anular «apretando un botón». El vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, Francesc Pla, auguró que la suspensión permitirá generar «menos conflicto en las farmacias, ya que a nadie le gusta cobrar más». Desde que el euro por receta entró en vigor en Cataluña hace seis meses, la Generalitat ha recaudado 45,7 millones.

«La valoración de los farmacéuticos es acatar y punto. Pero nos genera incertidumbre, porque una norma que un parlamento implanta y que acatamos en su momento porque era una ley, que puede gustar o no, después otro gobierno la quita. Y encima esto aún no se ha acabado», criticó Pla, en unas declaraciones a Efe. «A veces nos hemos sentido utilizados, pero habíamos hecho el esfuerzo de acatar. No nos hacía ilusión, pero lo hicimos y estaba establecido. Ahora que esperábamos a ver cómo se modificaba, que estábamos intentando hacer análisis para ver los efectos sobre personas que quedaran excluidas de sus tratamientos por esta medida, ahora todo ha quedado parado» , añadió.

Las cuentas de la Generalitat

En 2013, el gobierno autonómico confiaba en ingresar 140 millones por este concepto. Homs confirmó que la Generalitat presentará alegaciones y lamentó que el Gobierno actúe contra medidas que van en la línea de la austeridad. «Estamos en un marco de ahorro y resulta que el Gobierno impide que tomemos decisiones que van en la línea de cuadrar las cuentas», dijo en alusión a la asfixia financiera que padece su administración.

Según el portavoz de la Generalitat, el Gobierno mantiene una «obsesión» por considerar inconstitucional cualquier medida que se aplica en Cataluña. Homs optó por no referirse a los argumentos que el Gobierno ha empleado para frenar el euro por receta, tales como que este copago vulnera el derecho a la igualdad de los españoles en la adquisión de productos farmacéuticos.

Para Homs, las acusaciones del Gobierno sobre las inconstitucionalidades catalanas acaban teniendo un «valor escaso». En este punto se refirió también a los comentarios que desde el Ejecutivo se han realizado a raíz de la Declaración de Soberanía del pueblo catalán que ultima el Parlament con el apoyo, de momento, de CiU y Esquerra. En su opinión, que la Cámara catalana pretenda declarar a Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano» no debería escandalizar a nadie .

Mas llevará al Constitucional el decreto del gasto educativo

El litigio que Gobierno y Generalitat van a mantener en el Tribunal Constitucional a cuenta del euro por receta se suma a una larga de lista de recursos presentados por distintos temas. La lista seguirá creciendo, puesto que el gobierno catalán aprobó ayer, en su reunión semanal, llevar al Alto Tribunal el real decreto de reacionalización del gasto en el ámbito educativo impulsado por el ministro José Ignacio Wert. Según la Generalitat, hasta la entrada en vigor de este real decreto, el pasado mes de abril, era la Generalitat la que determinaba la jornada lectiva del personal docente. «Las condiciones laborales las tiene que fijar la Generalitat y en un momento recentralizador en el que el Gobierno podría querer recuperar esa competencias procuraremos que no sea así», subrayó la consejera de Enseñanza, Irene Rigau. Respecto al ámbito universitario, el Govern entiende que la normativa del Ejecutivo central no respeta la autonomía financiera de la Generalitat sobre la financiación de becas y ayudas al estudio. Después del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias –el TC catalán–, que consideró inconstitucional el real decreto, se abrió un proceso negociador entre Gobierno y Generalitat que no ha llegado a buen puerto. Será, por tanto, el Alto Tribunal quien deba resolver este pulso.