CC OO y UGT imponían todas las condiciones de los ERE

Las pruebas de cargo que llevan a la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, a señalar que los sindicatos UGT y CC OO encontraron «durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular» a través de los ERE presuntamente fraudulentos se sustentan, declaraciones de los dueños de las mediadoras aparte, en numerosa documentación. Entre ella, el protocolo de adjudicación de las pólizas de prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, al que tuvo acceso LA RAZÓN, que indica que los sindicatos hacían y deshacían a su antojo, eligiendo y excluyendo mediadoras y porcentajes, entre otros conceptos. El protocolo fue redactado de forma manuscrita y posteriormente corroborado con membrete oficial. Este periódico ya avanzó en junio de 2011 los escritos de antiguos mineros de Tharsis en los que se señalaba que algunos prejubilados «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera». El undécimo encarcelado de la trama de los ERE, José González Mata, administrador de Uniter, señaló que los sindicatos supervisaban todo el proceso con «sus brokers», ITG y Atlantis. El dueño de la mediadora indicó, y así lo constatan los documentos de la Faja Pirítica, UGT y CC OO, que auditaban las pólizas, decidían la asesoría que se contrataba. Como contraprestación, las empresas de González Mata destinaron 3.253.031 euros a los sindicatos y la aseguradora Vitalia, 4.291.384 euros, según sostiene Alaya. El protocolo del ERE de la Faja Pirítica fue realizado en reunión de «las federaciones estatales» del ramo de la minería de CC OO y UGT «con la Dirección General de Trabajo». El acuerdo señala a «la Dirección General de Trabajo» como «interlocutor válido» por parte de la Admistración. «La operación y seguimiento de los planes de prejubilación, por acuerdo de las partes, será llevado a cabo por don José González Mata, quien coordinará la misma», subraya el documento, en coincidencia con lo declarado por el imputado acerca de que las plataformas sindicales imponían los criterios. El acuerdo está firmado por Daniel Soto, por parte de FIA-UGT; Rafael Varea Nieto, de FM-CC OO; y el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. El dinero de las pólizas, según la jueza, procedía del Fogasa, por lo que la señalada financiación sindical procedería de fondos públicos. En el caso de la Faja Pirítica, Alaya habla de 4,5 millones defraudados en el ERE por parte de las mediadoras. Según la Guardia Civil, Uniter cobró 2,3 millones en cheques de los trabajadores de la Faja Pirítica. Los fondos transferidos, pagos que no han sido declarados por Uniter ni por la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva, mantendrían «una procedencia pública», según el informe de la UCO. Así, las mediadoras presuntamente recibían comisiones por una doble vía. De las asociaciones de trabajadores y de las aseguradoras encargadas de las pólizas. Sería el caso del ERE de la minería onubense.