CiU descarta apartar a Oriol Pujol aunque sea imputado

Aunque la imputación del secretario general de CDC, Oriol Pujol, por el caso de las ITV se da prácticamente por hecha, nadie en Convergència i Unió quiere dar un paso en falso.

Aunque la imputación del secretario general de Convergència Democrática de Cataluña (CDC), Oriol Pujol, por el caso de las ITV se da prácticamente por hecha, nadie en Convergència i Unió quiere dar un paso en falso y mover la silla del hijo del ex presidente de la Generalitat sin que la Fiscalía comunique formalmente su inculpación. CiU trata estos días de recuperarse de la grave crisis vivida esta semana a cuenta del cruce de acusaciones entre los socios nacionalistas, la cual no ha sido ajena a los escándalos de corrupción que pesan sobre la formación nacionalista. Las declaraciones de la portavoz de Unió, Marta Llorens, en las que aseguraba que «valdría más la pena que Convergència se preocupe de su sede embargada», en referencia al «caso Palau», todavía están muy calientes y ahora los nacionalistas tratan de cicatrizar sus heridas.

«Defendemos la presunción de inocencia». Ésta es la consigna que repiten una y otra vez los dirigentes de CiU para referirse a la previsible imputación de Oriol Pujol. Éste es el guión escrito por la cúpula nacionalista y nadie va a saltárselo hasta que el proceso judicial avance. Por el momento, Artur Mas no tiene pensado apartar temporalmente de sus responsabilidades a Pujol (secretario general de CDC y presidente del grupo parlamentario de CiU), sino que piensa mantener la confianza a pesar de los numerosos indicios que evidencian su implicación en el amaño de concesiones de estaciones ITV.

Una implicación que se detallaría en un extenso informe de 400 folios elaborado por la Fiscalía de Barcelona y que ya tiene en su poder el Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, quien tiene que decidir finalmente si cita como imputado a Oriol Pujol por su presunta participación en la trama de concesiones de estaciones ITV en Cataluña de forma fraudulenta. Un informe, basado en la instrucción llevada a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y dirigido por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 9, Silvia Mejía, en el que llegaría a la conclusión de que procede elevar el sumario al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y como aforado al ser parlamentario autonómico, citarle como imputado.

La figura del portavoz de CiU en el Parlament en la trama era, según varios informes de la Agencia Tributaria, la de proporcionar los contactos políticos necesarios al entramado para conseguir la obtención de las ITV, por lo que era «informado en todo momento» del estado del proceso.