Constitucional frente a Estatut

¿Son Gobierno y Generalitat capaces de llegar a acuerdos? Lo intentaron en verano cuando Sáenz de Santamaría y Duran Lleida se emplazaron a dialogar para no entrar en una escalada de recursos al Constitucional.

¿Son el Gobierno y la Generalitat capaces de llegar a acuerdos? Lo intentaron el verano pasado cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, se emplazaron a dialogar para no entrar en una escalada de recursos al Tribunal Constitucional (TC) a colación de la batería de medidas tomadas por ambas administraciones para contener el déficit.

La Generalitat rechazaba frontalmente los decretos del Gobierno en materia sanitaria y educativa alegando invasión de competencias; y el Gobierno se oponía a las propuestas impulsadas en Cataluña para contener el déficit, como el euro por receta, porque suponían una carga tributaria extra discriminatoria para los ciudadanos de Cataluña respecto al resto de españoles. Empezaba a apretar el calor, la declaración y contradeclaración estaban a la orden del día y, entonces, aún no había comenzado el órdago soberanista. La situación económica dictaba que era necesario sembrar paz entre ambos ejecutivos.

Tensión in crescendo

La precipitación electoral y la ruptura de los puentes del diálogo llevaron al traste la estrategia de la negociación hasta llegar a una situación de enfrentamiento que se hace evidente en los recursos al Alto Tribunal. Si el año pasado Cataluña monopolizó los recursos del Gobierno a normas autonómicas –cinco de los once interpuestos– y la Generalitat recurrió hasta seis normas estatales, la situación lleva este año camino de empeorar.

Apenas ha comenzado la legislatura catalana y la Generalitat ha apostado por recursos para las tasas judiciales, y los recortes del Gobierno en materia de educación y sanidad, una estrategia que pone de manifiesto que la tensión entre ambos ejecutivos, por muchas llamadas al diálogo que se hagan públicamente, va «in crescendo».

Tampoco esperaban en Cataluña que empezara la escalada en el Constitucional a su órdago independentista antes de la reunión entre Mariano Rajoy y Mas. Pero los planes del Ejecutivo, amparándose en un informe de la Abogacía del Estado, de recurrir la declaración de soberanía aprobada en el Parlament fueron rápidamente respondidos por el presidente de la Generalitat y demostró cuáles son las intenciones catalanas. Su «no hay leyes ni constituciones contra el derecho a decidir» es toda una declaración de intenciones. Ayer el consejero de Interior, Ramon Espadaler, añadía que la postura del Gobierno es una «cortina de humo» para huir de la crisis provocada por el caso Bárcenas.

Más allá de recurrir al Alto Tribunal, la Generalitat ha puesto todo el combustible en la maquinaria para responder a todos los «ataques» del Estado en buena medida amparándose en el Estatut. Prepara a marchas forzadas una ley de horarios comerciales con la que responder al recurso al Tribunal Constitucional que el Estado presentó la semana pasada contra la normativa con la que la Generalitat plantaba cara al real decreto que marcaba las líneas maestras para todo el territorio nacional.

El ejecutivo de Mas entiende que salvará su modelo si blinda con una ley catalana, bajo el paraguas del Estatut, los horarios comerciales antes de que el Alto Tribunal dictamine. El mecanismo es similar al utilizado en otros campos, como el terreno educativo. La Ley de Educación de Cataluña y la consagración del catalán como lengua vehicular de la educación es una muestra, como queda patente cada vez que los tribunales dictan una sentencia para que el castellano sea también lengua vehicular de la educación en las aulas catalanas.

Y todavía se puede tensar más la cuerda. El socio de Mas pedía ayer nuevos gestos con los que plantar cara al Gobierno. Oriol Junqueras es partidario de que los presupuestos que está negociando con CiU incluyan el impuesto de los depósitos bancarios que defiende, pese a que también están recurrido al Constitucional por parte del Ejecutivo.

Junqueras defendió que es «perfectamente justo poner en marcha una tasa que, a su juicio, tendría un «efecto didáctico» sobre los catalanes. «Es bueno que los ciudadanos sepan que con este impuesto no habría ni un recorte educativo y podríamos pagar todo lo que debemos al tercer sector», explicó el líder de ERC a Ep antes de decir que «sería muy cómodo» para su partido unas elecciones anticipadas, «pero sería muy pernicioso para el país» .

La acusación de ERC

El impuesto sobre la banca es una de las condiciones que puso ERC para pactar con Mas la legislatura y que, según sus cálculos, permitiría recaudar 600 millones. A Esquerra le enfada en sobremanera que el Gobierno haya creado una tasa sobre los bancos al tipo cero que, a su juicio, pone trabas a las autonomías. Por eso, acusa al Ejecutivo de dinamitar todas las iniciativas que ha puesto ERC sobre la mesa con CiU como alternativa a los recortes, que deberán ser unos 4.000 millones. «Cuando ofrecemos alternativas, el Gobierno se las apropia», aseguró el republicano, quien considera que «unos presupuestos con recorte cero son posibles al margen de la independencia de Cataluña. Está en manos del Gobierno, tiene que dejar de actuar de forma arbitraria, ineficaz e injusta».