La «mano derecha» de Correa achaca la «operación Gürtel» a Rubalcaba

Crespo declara al tribunal que antes de su detención alguien le avisó de que el objetivo era el PP por la relación de Correa con el yerno de Aznar

El supuesto número dos de la «trama Gürtel» señaló ayer al ex ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, y a su sucesor en el cargo, Antonio Camacho, como las personas que presuntamente fraguaron la operación policial contra la red corrupta. En su declaración ante el tribunal, Pablo Crespo –para quien la Fiscalía solicita una condena a 85 años y medio de prisión por una decena de delitos– explicó que en noviembre de 2008, tres meses antes de ser detenido, alguien cuya identidad se negó a revelar le advirtió de que «desde el despacho de Rubalcaba se había organizado, con policías amigos y gente de confianza, una operación dirigida en realidad contra el PP por la relación de Correa con el yerno de Aznar» (el empresario Alejandro Agag).

Ese comunicante anónimo, un viejo amigo del ex secretario del PP gallego, le facilitó –según la versión del entorno de Crespo– el nombre de las dos fiscales encargadas del caso, la propia Concepción Sabadell y Miriam Segura, e hizo hincapié en su reciente incorporación a la Fiscalía Anticorrupción y en su vinculación con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. Al mismo tiempo, le habría alertado –según esas mismas fuentes– de tres supuestas reuniones mantenidas por los ex concejales del PP en Majadahonda Juan José Moreno y José Luis Peñas (este último terminaría destapando el «caso Gürtel» al revelar el contenido de sus dos años de grabaciones a Correa) con el entonces secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho.

Crespo también se acordó del juez Baltasar Garzón, primer instructor del «caso Gürtel» y apartado de la carrera judicial por autorizar las escuchas en prisión de las conversaciones entre los principales acusados y sus abogados, y se quejó de sus «trapacerías» (que no detalló) en la investigación. Tras negarse a reconocer los hechos que se le imputan, se mostró más explícito a la hora de negarse a reconocer las declaraciones prestadas ante la Policía y ante el propio Garzón tras ser detenido en febrero de 2009 y pasar «36 horas en un calabozo sin saber si era de día o de noche». Unas «mazmorras de la Edad Media», se quejó, en las que se prolongó su arresto porque, según dejó entrever, Garzón estaba de cacería con el entonces ministro de Justicia, lo que acabó por costarle el puesto a Fernández Bermejo.

Respecto a su papel en el entramado, el ex político insistió una y otra vez en que era Correa, antes que su jefe, su «amigo», «quien daba las órdenes» y quien manejaba la «caja B». Con él hablaba todos los días, «aunque estuviese en Tombuctú», porque lo que el supuesto cabecilla de la red corrupta quería era alguien que estuviese «al cargo de sus asuntos», razón por la que Crespo se autodefinió ante el tribunal como un mero «transmisor de órdenes». Gestionaba tres de las empresas de Correa, pero su relación con la contabilidad era similar a la del agua y el aceite: se limitaba a «firmar las cuentas anuales». Y es que su experiencia como empresario tras abandonar la política «era cero», lo que requería de las instrucciones diarias de Correa, casi siempre verbales o telefónicas, porque, recordó de él, «no ha tocado en su vida el teclado de un ordenador». Con su «memoria privilegiada» tenía bastante, antítesis de la «malísima memoria» que esgrimió Crespo para justificar un cuaderno con notas manuscritas de su puño y letra reseñadas, claro, por orden de Correa, quién si no.

Visitas a la sede del PP

El acusado contó que a la sede del PP «iba continuamente» para «gestionar presupuestos y cobros» por los trabajos prestados por empresas para las campañas del partido. Sólo para las autonómicas de 2003, dijo, acudió a la calle Génova «30 veces».

Buena parte del interrogatorio de la fiscal a Crespo se empantanó en el menudeo de facturas, «pufos» no reconocidos y supuestos regalos en especie a políticos rescatados de un pendrive incautado a la trama en los registros policiales. Hasta que el procesado, tras reconocer que eran las administraciones públicas las que optaban por fraccionar los contratos para evitar los concursos, imploró clemencia: «Me pierdo con estas facturas...».