El abogado de Puigdemont podrá ir a la vista sobre la OEDE en Bruselas

Gonzalo Boye podrá acudir el próximo martes a la vista convocada en Bruselas por la Justicia belga en relación a la euroorden cursada por España para conseguir la entrega de Carles Puigdemont. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón no acordó ayer ninguna medida cautelar contra el abogado del ex presidente de la Generalitat tras tomarle declaración como imputado en el marco de una investigación por blanqueo vinculado al narcotraficante Sito Miñanco, a quien el letrado defendió hasta hace dos semanas. El fiscal de Antidroga Ignacio de Lucas no solicitó a la juez que prohibiera salir de España a Boye, pero sí que le impusiera la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, una medida que finalmente Tardón no acordó.

«No tengo nada que ver con el blanqueo de capitales», aseguró el abogado a los periodistas a las puertas del tribunal tras su breve comparecencia de apenas media hora. Boye no quiso vincular esta investigación a su condición de abogado de Puigdemont y aunque se mostró seguro de que la instrucción avalará su versión de los hechos, se lamentó: «El daño está hecho».

El letrado está siendo investigado por el supuesto blanqueo de 889.470 euros interceptados en el aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017 a cinco presuntos miembros de la organización de Sito Miñanco cuando iban a tomar un vuelo a Colombia. Según la Policía, esa cantidad habría sido facilitada por el capo gallego de la droga y Luis Enrique García Arango, su «mano derecha».

Retenido el dinero por el Sepblac, el organismo de prevención del blanqueo de capitales, Boye explicó que, como abogado suyo, aportó a este organismo los «contratos con unos pagarés» que, según ellos, justificaban el supuesto origen lícito de esa cantidad. Tras casi año y medio en prisión provisional al ser detenido –al igual que Miñanco y otras 43 personas– en la «operación Mito», el «arrepentido» Manuel A. P. acusó a Boye el pasado julio de haber falsificado esos contratos para intentar acreditar la procedencia lícita del dinero, una versión que niega el abogado de Puigdemont. Según refirió a la jueza, una vez presentada la documentación el Sepblac le advirtió de que esa justificación era irregular porque esos mismos contratos ya habían sido aportados a otro expediente de 2015.

Boye sostiene que se reunió con sus defendidos y les pidió explicaciones porque disponía de un plazo de 15 días para contestar al organismo de prevención del blanqueo. El letrado negó que se produjeran otras reuniones para urdir el supuesto «lavado».