El agresor de Rajoy pasa su primer día en el centro de menores

A última hora de la tarde de ayer, el agresor de Mariano Rajoy, de 17 años, salía en un vehículo de los juzgados de Pontevedra, donde permaneció once horas hasta que el juez decidió su ingreso en un centro de menores de Orense.

El agresor de Mariano Rajoy pasa su primer día en un centro de internamiento de menores. A última hora de la tarde de ayer, el joven, de 17 años, salía en un vehículo de los juzgados de Pontevedra, donde permaneció once horas hasta que el juez decidió su ingreso en un centro de menores de Orense.

El juez de menores de Pontevedra ha decretado, a instancias de la Fiscalía, que A.V. F., presunto agresor del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que propinó un fuerte puñetazo, ingrese durante un plazo máximo de seis meses en un centro cerrado, sin perjuicio de que el juez «pueda dejar antes sin efecto la medida o acordar la prórroga de la misma», informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La Policía trasladó ayer mismo al detenido a un establecimiento de estas características situado en Orense.

La fiscal de guardia de Menores de Pontevedra solicitó, tras escuchar la declaración de A.V.F. –que finalizó a media tarde de ayer– su ingreso en un centro cerrado de menores, imputándole un delito de atentado a la autoridad a un miembro del Gobierno de España, previsto en los artículos 3 y 550,1 del Código Penal y castigado con penas de uno a seis años de prisión y multa cuando el agresor es mayor de edad. Por su parte, la familia, a través de su abogado, pidió que lo hiciera en un establecimiento semiabierto, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del caso.

La Fiscalía de Menores entiende –a la vista del delito imputado, la entidad de los hechos y de que el menor tiene más de 16 años– que se trata de un supuesto de «extrema gravedad», previsto en el artículo 10,1 b), párrafo segundo de la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor. Este precepto establece, en el caso de que el menor tenga 16 o 17 años y los hechos revistan extrema gravedad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a seis años, complementada sucesivamente con otra de libertad vigilada «con asistencia educativa hasta un máximo de cinco años».

Al tratarse de un asunto que se lleva en secreto, no ha trascendido nada de la declaración del menor, que finalmente prestó ante la Policía (llena de vaguedades y sin concretar nada) y en sede judicial. Por ello, las citadas fuentes aseguran desconocer que una vez detenido se jactara de la agresión que había cometido y otras afirmaciones que se le atribuyen.

Por otra parte, la Policía solicitó ayer por la mañana al juez el correspondiente mandamiento para registrar el domicilio de A. V. F., que vivía con sus padres, una acomodada familia de Pontevedra, que se encuentra muy afectada por lo ocurrido. A la vista de las evidencias que se puedan encontrar las investigaciones podrían tomar nuevos derroteros.

El abogado del menor, Jorge Cubela, aseguró ayer que los padres del joven están «avergonzados» por esta acción y rechazó que exista algún tipo de motivación política en sus actos. En declaraciones a los medios realizadas en las dependencias judiciales de A Parda, el letrado destacó que los padres del menor «son gente honrada y trabajadora, gente de bien de Pontevedra», tras lo que aclaró que «esto les está sobrepasando».

Además, Cubela aseguró que el joven «no está vinculado a ningún partido político, ni a ninguna organización de ningún tipo», por lo que ha descartado que el ataque tenga algún tipo de motivación política. Sobre la posibilidad de que esté arrepentido de su actuación, el letrado respondió con un «creo que sí», aunque no aclaró si pedirá perdón por los hechos. «Si lo pide, lo pedirá a través de mí», precisó. «Ahora mismo está detenido y no es consciente de mucho, está en una burbuja», añadió.

«En el fondo es una víctima»

A.V. F. fue examinado por un médico forense y por el equipo técnico psicosocial adscrito al Juzgado y a la Fiscalía de Menores de Pontevedra antes de declarar ante la fiscal Encarnación Boullón, que fue la que propuso al juez el internamiento en un centro cerrado.

«Los tiempos judiciales con menores son un poco distintos a los tiempos judiciales con adultos», por lo que el joven «ha tenido que pasar unas entrevistas como todos los niños expedientados». Así justificó Cubela la demora en pasar a disposición del juez de Menores, «no porque se le esté tratando de una manera especial».

«Lo que Fiscalía ha pedido y nosotros le hemos solicitado», explicó el letrado, «es que se preserve la intimidad del menor y no salga nada relacionado con su vida». «Al fin y al cabo es un niño que se merece tener una vida plena el día de mañana», dijo. «En el fondo, también es una víctima».